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viernes | 19 abril | 2024
La Guardia Civil detuvo ayer en Cataluña a nueve personas vinculadas a los Comités de Defensa de la República (CDR) a los que la Fiscalía acusa de ultimar acciones terroristas y que tenían en su poder material para fabricar explosivos caseros e información sobre edificios públicos.
La operación, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, es fruto de una investigación de un año y se desarrolló en la madrugada de ayer ante la “certeza” que se iban a perpetrar acciones terroristas entre el aniversario del 1-O y la sentencia del “procés”, prevista para la primera quincena de octubre.
Los detenidos fueron trasladados a Madrid para su puesta a disposición judicial, acusados de delitos de rebelión, terrorismo y tenencia de explosivos. La operación está bajo secreto sumarial y abierta, de modo que no se descartan nuevos arrestos.
En los diez registros practicados ayer se encontraron “una gran cantidad” de precursores para fabricar explosivos, entre ellos “termita”, un explosivo de mezcla casera basado en el óxido de hierro y el aluminio. Según fuentes jurídicas, se halló un laboratorio improvisado en un almacén que los detenidos habrían utilizado para sintetizar ese explosivo sin levantar sospechas y documentos qué detallaban los porcentajes exactos de aluminio y óxido que se deben mezclar para que el material resultante esté en condiciones de detonar. Otras fuentes añadieron que incluso los habían probado en zonas abandonadas.
Los detenidos también tenían información diversa (incluidos planos en algunos casos) sobre edificios públicos y sobre una casa cuartel de la Guardia Civil.
Según la Fiscalía, iban a llevar a cabo “proyectos terroristas con fines secesionistas” con unas acciones que podrían haber provocado “daños irreparables”. Los registros se desarrollaron en Mollet del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Cerdanyola del Vallès, Sant Vicenç de Torrelló, Sabadell y Santa Perpètua de la Mogoda.
Fuentes de la investigación indicaron que entre los arrestados hay al menos cuatro que ya fueron apresados en el pasado por incidentes relacionados con el “procés”. Dos de los nueve detenidos quedaron en libertad tras acogerse a su derecho a no declarar.
Convocan movilizaciones
La operación provocó múltiples reacciones, incluida la de los CDR, que han convocado movilizaciones ante unas detenciones que califican de “arbitrarias” e hicieron un llamamiento a “plantar cara a la represión”.
La defensa de los detenidos –ejercida por abogados de la asociación Alerta Solidaria– denunció que han sido víctimas de un “montaje con intencionalidad política” y que las acusación contra ellos carece de sustento, puesto que se basa en “futuribles” y en la incautación de sustancias de fácil acceso para cualquiera. En la misma línea, la diputada de la CUP en el Parlament Maria Sirvent dijo que se trata de “materiales de fiesta mayor” utilizados por la Guardia Civil para un “montaje policial”.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, acusó al Estado de intentar crear “un relato de violencia” antes de la sentencia del “procés”, en tanto que ERC y Junts per Catalunya pidieron explicaciones parlamentarias al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien se refirió a este asunto con prudencia, igual que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que se limitó a mostrar preocupación.
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, mostró su satisfacción por que se haya evitado “cualquier atentado de cualquier naturaleza”, mientras que la portavoz del grupo socialista en el Congreso, Adriana Lastra, hizo un llamamiento a la “tranquilidad y seguridad” de la sociedad catalana.
El PP catalán puso el foco en Torra, a quien pidió que deje su “verborrea incendiaria” y condene la violencia, mientras que Vox pidió al Consejo Europeo que incluya a los CDR en la lista de organizaciones terroristas de la UE.
“¿Alguien piensa que Torra ordenaría a los Mossos investigar a sus amigos y familiares de los comandos separatistas?”, escribió Albert Rivera, líder de Ciudadanos, en su cuenta de Twitter.
La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, que la operación buscaba “evitar posibles actos delictivos”. l
