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viernes | 19 abril | 2024
El exdirector general de Economía de la Comunidad de Madrid, Pablo Abejas, defendió ayer que empleó de forma “legal” la tarjeta de crédito a la que, según dijo, tenía derecho como miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid y que se considera una “víctima” de este caso, por el que fue relevado del cargo.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, destituyó ayer a Abejas con motivo del uso de tarjetas “opacas” por directivos y consejeros de Caja Madrid y Bankia, del mismo modo que instó al patronato de la Fundación Caja Madrid a pedir que su actual presidenta, Carmen Cafranga, abandone el cargo.
dimisión de canfranga
Cafranga dimitió horas después.Abejas se declaró “absolutamente” tranquilo con respecto al uso de la tarjeta y abierto a dar explicaciones en cualquier instancia, aunque recalcó que no está “encausado”, “ni imputado ni llamado por nada”.
El exdirector general de Economía aseguró que el uso de este tipo de tarjetas es habitual en el sector financiero y en grandes corporaciones, que declaró a Hacienda “todo” lo que Caja Madrid identificó como sus ingresos y que lo “único” que ha hecho es trabajar y cumplir con su obligación. Según Abejas, el “número dos” de Caja Madrid le dio en su día una tarjeta, cuyas únicas condiciones de uso eran no sobrepasar el límite de 25.000 euros y no realizar gastos inadecuados.
Por ello, recalcó que esta tarjeta suponía, junto al pago de dietas por asistir a determinados órganos de dirección, su única retribución acorde con la “responsabilidad seria” que tenía en la entidad. “No nos hemos reunido unos cuantos para ver cómo hacemos para llevarnos el dinero”, aseveró.
Abejas insistió en que no hizo un uso ilegal de esta tarjeta y que si hubo un abuso o no en el caso de los miembros de Caja Madrid o Bankia que contaban con una “tendrá que juzgarlo quien corresponda”.
Abejas lamentó la polémica suscitada por esta “práctica habitual” que hasta 2009 se considera parte de los gastos de dirección de las grandes corporaciones bancarias y que, de calificarse como delito, supondría “encerrar a todos los directivos de España”. “Ganar dinero legítimamente no es delito”, concluyó.
Por su parte, el FROB cree que sí está legitimado, junto a BFA y Bankia, para reclamar los 15,25 millones que 86 altos cargos de Caja Madrid gastaron con sus tarjetas de crédito “opacas”, ya que el grupo resultante recibió una abultada ayuda pública que podría haber sido menor de no haber existido estos cargos.
