El Gobierno avisa a Torra de que enviará a la Policía si los Mossos no actúan para “garantizar el orden”

El Gobierno alertó ayer a la Generalitat, presidida por Quim Torra, de que ordenará la “intervención” de las fuerzas de seguridad del Estado “en términos de proporcionalidad y necesidad” si los Mossos siguen sin ejercer su función de “garantizar el orden público” en la comunidad autónoma.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Fomento, José Luis Ábalos, han enviado cartas a los respectivos consejeros catalanes en las que piden explicaciones por “las graves alteraciones de orden público y seguridad del tráfico” del pasado fin de semana.
En la misiva remitida por la vicepresidenta al conseller Pere Aragonés, Calvo denuncia que “aparentemente” ha existido una “dejación de funciones” por parte del Ejecutivo autonómico, con consecuencias de carácter económico y social y para la seguridad pública.
“En este sentido es nuestra obligación evaluar los posibles incumplimientos del ordenamiento jurídico que se hayan producido”, asegura Calvo, sin perjuicio, avisa, de otros requerimientos en curso sobre “actos concretos y sus posibles responsabilidades”.
Marlaska, en su carta al conseller de Interior, Miquel Buch, señala que los hechos ocurridos en algunas autopistas catalanas constituyen una “grave perturbación del orden público y de la seguridad del tráfico” en el que, sin embargo, los Mossos, “aun hallándose presentes”, no cumplieron su función.

Seguridad ciudadana
Por ello, el titular de Interior requiere a los responsables de la Generalitat para que dicten las instrucciones necesarias o, en caso contrario, “se ordenará la intervención” de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para preservar el “libre ejercicio de los derechos y libertades y el mantenimiento de la seguridad ciudadana”.
Por su parte, el titular de Fomento, José Luis Ábalos, se dirige al conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damiá Calvet. Ábalos expresa su “más profundo malestar” por los altercados sucedidos en los puestos de peaje de las autopistas AP-7 y AP-2 durante el pasado fin de semana. Incidentes que, a su juicio, dañan la imagen de España y de Cataluña y en particular de las instituciones que la representan.
“Confío en que no se vuelvan a producir situaciones o hechos similares, y que se garantice la libre circulación de personas y mercancías”, añade. 
Todo ello, alerta Ábalos, “sin perjuicio” de que se adopten las “medidas necesarias” para que las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que puedan presentar los afectados por la actuación de los “responsables directos de los hechos”, se tramiten “con la mayor diligencia” posible.
Al margen de estas tres misivas, la vicepresidenta Carmen Calvo anunció ayer que el Ejecutivo estudia “toda la capacidad de respuesta en la vía administrativa y en todas las posibles” ante la “vía sangrienta”, señaló, propuesta por el presidente de la Generalitat, Quim Torra”, que se remitió al caso de Eslovenia para conseguir la independencia de Cataluña. Para Calvo, Torra cruzó el domingo “una línea intolerable, inadmisible y de irresponsabilidad absoluta para un cargo público en una democracia como la española” porque “a nadie se le ocurre hacer su trabajo como cargo público más que desde la paz y desde la seguridad en la convivencia”. Calvo aclaró que, no obstante, declarar la aplicación del artículo 155 de la Constitución “es la última medida a la que hay que llegar”. - 
Por su parte, el Govern dio ayer marcha atrás en sus críticas a la actuación de los Mossos d’Esquadra por las cargas del pasado Día de la Constitución contra grupos que querían boicotear actos de Vox y, pese al ultimátum del presidente Quim Torra, no forzará cambios en el cuerpo, al ver ahora correcta su intervención.
Tras el ultimátum de Torra, que el pasado viernes dio cuatro días al conseller de Interior para que introdujera cambios en la policía tras las cargas, Miquel Buch se reunió con la cúpula de los Mossos, ante la que se disculpó en una intervención en la que hizo autocrítica por haber dudado de su labor y califico de “globalmente correcto” el dispositivo del jueves.
De esta forma, el ejecutivo catalán intentó cerrar filas con la policía catalana en un momento especialmente sensible, a once días de que el Gobierno celebre un consejo de ministros en Cataluña, ante el que los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) han anunciado varias actuaciones de protesta. l