10º-22º
jueves | 25 abril | 2024
La Guardia Civil investiga el grado de implicación del expresidente de la Generalitat Artur Mas en la contratación de la empresa T-Systems para que diese soporte informático a la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, según un informe entregado al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que instruye estos hechos.
Así se desprende de una de las conversaciones de la directora de servicios de T-Systems, Rosa María Rodríguez Curto, investigada en dicho juzgado por su presunta participación en los preparativos del referéndum, que los agentes del Instituto Armado han analizado. Se trata de comunicaciones con otros empleados de la empresa, en las que se habla de las dificultades para realizar los encargos para el referéndum.
La Guardia Civil constata en un nuevo informe aportado a la causa que existen varias “referencias” al expresidente catalán –inhabilitado hasta febrero de 2020 por organizar la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014– entre las comunicaciones de responsables de la empresa tecnológica que, “de resultar ciertas”, “revelaría la influencia de este con los programas y contratación de T-Systems”.
Los agentes de la unidad de investigación añaden que “evidentemente” esta tarea no le corresponde a Mas una vez que “ha cesado en su cargo político”. En otro de los informes entregados a la juez instructora del caso, Alejandra Gil, recuerda que en mayo de 2014, Mas encargó a esta misma empresa el “desarrollo” de la aplicación informática “Registro de Catalanes en el Exterior” para que estos ciudadanos pudieran participar en el 9N. Un plataforma que después heredó el Gobierno de Carles Puigdemont –haciendo una “serie de modificaciones”– para usarla como censo en el 1-O.
Mientras, Artur Mas, la exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega y la exconsellera Irene Rigau pagaron un total de 90.000 euros por las multas que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña les impuso en la condena por la consulta del 9-N.
El letrado de la administración de justicia de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Cataluña constata que “se han hecho efectivas las multas que habían sido impuestas a los penados”, de 36.000 euros para Mas, 30.000 para Ortega y 24.000 para Rigau, e indica que las cantidades se transferirán al Tesoro Público.
Por otro lado, un alto cargo de Oriol Junqueras, el director de Patrimonio de la Generalitat, Francesc Sutrias, mantuvo un encuentro con los dueños de Unipost para abordar la destrucción de pruebas y cómo debían responder ellos y los trabajadores a la Guardia Civil, que había intervenido en las naves de la empresa la correspondencia relacionada con el referéndum ilegal de independencia.
Entre la documentación que encontró la Guardia Civil a Sutrias estaba un esquema que, según los investigadores respondía a una reunión mantenida por este con los dueños de Unipost.
Cuando se encontró este documento en la casa de Sutrias, el 20 de septiembre, hacía un día que la Guardia Civil había entrado en las naves de Unipost, en la de Mare de Deu del Angels (Tarrasa), y en Manresa y había incautado cerca de 45.000 sobres preparados para ser enviados a las personas que debían formar parte de las mesas electorales del 1-O.
El citado papel que se incautó al entonces director de Patrimonio de la Generalitat evidenciaba que este había mantenido un encuentro, después de esa intervención policial, con el director general de la empresa de mensajería, Pablo Raventós, y con el ahora empresario y exdiputado de ERC Xavier Vendrell.
El objeto del encuentro sería valorar cómo actuar en caso de que se produjera un requerimiento de las autoridades. Todo ello quedó plasmado en un esquema manuscrito con dos columnas. En la segunda de ellas aparece escrito en mayúsculas “Urgente borrar cámara” últimos 10 días.
