lunes 16.12.2019

La justicia avisa a Torrent de que irá a la cárcel si tramita iniciativas soberanistas

Los miembros de la Mesa de JxCat rechazan recoger la notificación que el Constitucional envió al Parlament

La justicia avisa a Torrent de que irá a la cárcel si tramita iniciativas soberanistas

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) acordó suspender varios puntos de la Resolución del Parlamento de Cataluña del pasado 25 de julio “sobre las propuestas para la Cataluña real”, en la que se reafirmaba el compromiso de la cámara parlamentaria con el derecho a la autodeterminación, continuar en el camino de la independencia y se insiste en la reprobación a Felipe VI.

El Alto Tribunal también aceptó la petición del Gobierno de advertir a Torrent; al secretario general Xavier Muro i Bas; y a los miembros de la Mesa Josep Costa i Rosselló, Joan García González, Eusebi Campdepadrós i Pucurull, David Pérez Ibáñez, Laura Vílchez Sánchez y Adriana Delgado i Herreros de “su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir”.

Todos ellos recibieron ayer la notificación que les comunica el incidente de ejecución. Fuentes parlamentarias explicaron que un secretario judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acudió al Parlament a entregar la notificación, y Torrent y los miembros de la Mesa la recibieron personalmente.

Torrent, el vicepresidente segundo, Joan Garcia (Cs), y los secretarios de la Mesa David Pérez (PSC), Laura Vílchez (Cs) y Adriana Delgado (ERC) han firmado la notificación.

Sin embargo, los miembros de la Mesa de JxCat –el vicepresidente primero, Josep Costa, y el secretario primero, Eusebi Campdepadrós– atendieron al secretario judicial “pero no han recogido la notificación”, informaron fuentes de JxCat.

“Vuelve a ser lo mismo, vuelven a utilizar la justicia para interferir en la soberanía del Parlament, vulnerar la autonomía, la separación de poderes y la inmunidad y la inviolabilidad de los diputados. Y pretenden que la Mesa se vuelva un órgano censor”, criticaron las mismas fuentes.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes llevar al tribunal de garantías esta resolución dos meses después por entender que incumple varias sentencias de esta institución. Asimismo, según explicó en rueda de prensa la ministra portavoz, Isabel Celaá, también se recurrirán las propuestas de resolución aprobadas en el Debate de Política General (DPG) de la semana pasada, que hacían referencia a la amnistía de los dirigentes encarcelados por impulsar el 1-O y a la petición de salida de la Guardia Civil de Cataluña.

Estas últimas no pudieron ser puestas en conocimiento del TC hasta que no fueron publicadas el viernes en el Boletín Oficial del Parlament de Cataluña, ya que es un requisito necesario para el Ejecutivo pueda acudir al TC.

Una de ella es la dictada el 2 de diciembre de 2015 en la que se declaró inconstitucional la Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña de 9 de noviembre de 2015 “sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales de 27 de septiembre de 2015”, la primera iniciativas sobre el proceso independentista que fue admitida a trámite por la Mesa del Parlament.

La otra sentencia que el Ejecutivo considera que es contraria es la dictada el 13 de diciembre de 18, en la que se declararon nulos e inconstitucionales tres apartados de la Moción 5/XII del Parlamento de Cataluña, de 5 de julio de 2018, “sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional”, en la que se insistía en la consecución de la independencia.

Por su parte, el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, aseugró que el presidente del Parlament de Cataluña, “no es una persona sin responsabilidad, sino que tiene, más allá de lo político, unas obligaciones legales”.

El secretario de organización del PSOE dijo que las iniciativas de las cámara se califican y son admitidas si cumplen o al menos no contravienen determinadas cuestiones, y con este argumento consideró que “no es normal que se diga que se puede discutir sobre cualquier cosa”.

Insistió en que “la política no está al margen de la legalidad y no hay democracia que resista estar al margen de la legalidad”. “Nosotros siempre insistimos en lo mismo: diálogo, que es política, y ley, respeto a la legalidad que es respetar el marco donde es posible que la convivencia”, dijo.

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