sábado 14.12.2019

El juzgado da de plazo hasta el lunes a una comunidad okupa de la calle de la Paz para desalojar su edificio

Cerca de ocho personas, entre las que hay al menos un menor, residen desde hace más 
de dos años allí

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Han residido allí durante más de dos años, pero los okupas que se cobijan en el número cinco de la calle de la Paz tendrán que abandonar el inmueble el lunes. Ayer la Policía Nacional acompañó a la comisión judicial para hacer efectiva la orden de desahucio, ante la sorpresa de varios de los okupas. “Yo me desperté a las diez de la mañana y no sabía qué estaba pasando”, aseguró una de ellas. Finalmente, se les dio de plazo hasta el lunes para que recojan sus pertenencias y abandonen el inmueble.

Son unas ocho personas las que viven en el edificio de nueva construcción, que nunca llegó a recibir la licencia de habitabilidad, un ejemplo más de construcciones afectadas por el estallido de la burbuja inmobiliaria. El inmueble de la calle de la Paz primero fue objeto de saqueo por parte de individuos que se llevaron el metal y las ventanas y posteriormente llegaron los okupas. “Primero fue una sola pareja, pero luego llegaron más”, comentó una vecina. .En todo este tiempo, dicen sus habitantes de la calle, los residentes no han creado problemas en el vecindario. Ni ellos, ni sus mascotas. “Cuando los sacan a la calle siempre recogen los excrementos –comentaba una mujer–. Y eso no se puede decir de todo el mundo”. 

Respuesta legal 
Por otra parte, tras mostrarse consternados por lo ocurrido, los okupas anunciaron su intención de recurrir a un abogado para tratar de paralizar el desalojo, si es que aún es posible. Fuentes próximas señalan que la orden judicial no se había interesado por el auxilio de las fuerzas del orden. Es decir, que en un principio no se esperaba intervención policial. Simplemente, autorizaba a la comisión judicial a tomar posesión de al finca y a que un cerrajero se encargara de poner una cerradura nueva. No dice nada de qué hacer con los residentes ni, por tanto, autorizaba el uso de la fuerza sobre ellos, de ser necesario. “La orden judicial parece desconocer si hay personas habitando o no. La diferencia es capital”, señalan las mismas fuentes.

En todo caso, los okupas les permitieron entrar en el inmueble e incluso cambiar la cerradura, pero también se les entregó un ejemplar de la nueva llave, lo que supone cierto reconocimiento de que están viviendo en ese edificio. ”Obviamente, si hay personas habitando, si hay terceros poseedores de la vivienda habrá que determinar qué derecho tienen”, señalan. 

La reacción legal de los okupas todavía está por ver. De momento, lo cierto es que se les ha concedido un nuevo plazo para que abandonen el edificio y que no tienen mucho espacio de maniobra si quieren detener el proceso judicial.

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