11º-22º
martes | 16 abril | 2024
Junts pel Sí y la CUP registraron en el Parlament la Ley de Transitoriedad Jurídica, la más importante de las llamadas leyes de “desconexión” y que ambos grupos han pactado aprobar antes del referéndum del 1 de octubre, pese a que ha recibido el rechazo frontal de Gobierno y oposición.
Bautizada finalmente como Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, la futura proposición de ley entrará en vigor únicamente en caso de que ganara el “sí” a la independencia en el referéndum previsto por el Govern para el 1-O, con el objetivo de crear un marco legal alternativo al español.
Presentada por Lluís Corominas y Jordi Orobitg, de JxSí (PDecAT y ERC), y Benet Salellas y Gabriela Serra, de la CUP, la ley pretende dar la cobertura jurídica al periodo posterior a un eventual triunfo del “sí”, por lo que entraría en vigor entre el 2 de octubre y la aprobación de una hipotética “constitución catalana”, según la planificación de los soberanistas.
Corominas, jefe de filas de JxSí, recalca que esta ley de “ruptura” otorga un carácter “vinculante” al eventual referéndum y proporciona un “marco jurídico claro”, mientras que Salellas resaltó que la ley “dinamita cualquier intento” de abrir un nuevo “procesismo”, que concluirá “de forma definitiva” si gana el “sí”. Lo que sí han dejado claro JxSí y la CUP es que la aprobación de la ley se producirá antes del referéndum del 1 de octubre, lo que supone que el PDeCAT, partidario de aprobarla tras la consulta, acabó cediendo finalmente a las pretensiones de ERC y la CUP.
“Esta ley es también una herramienta de determinación, de dejar claro que tras el 1 de octubre no habrá un nuevo debate procesista sobre qué hacer, porque se crearán las instituciones y la república catalana”, precisó Salellas. Asimismo, señaló que lo que hace esta ley es interpelar al conjunto de los catalanes, tanto a los partidarios del “sí” como a los del “no”, para que vayan a votar el 1 de octubre en el referéndum.
Los grupos independentistas quieren aprobar el proyecto de ley antes de los 34 días que quedan para el 1 de octubre: para que llegue al pleno primero debe tramitarlo la Mesa del Parlamento, en la que JxSí tiene mayoría.
Lo mismo ocurre con la ley del referéndum, que ya está registrada desde finales de julio pero todavía no ha pasado por la Mesa: el Gobierno central anunció que actuaría judicialmente cuando el órgano rector de la Cámara decidiera tramitarla.
Con 89 artículos y tres disposiciones finales, la proposición de ley se convertiría en la “norma suprema” hasta la aprobación de la nueva “constitución catalana” y las elecciones posteriores, una “transición” que tendría un plazo aproximado de un año.
Moncloa
Por su parte, desde Moncloa se ha advertido de que dicha ley “nunca entrará en vigor”, ya que seguirán respondiendo a los “intentos” del independentismo de “vulnerar” la Constitución, y acusó al Govern de no tener “ningún mínimo resto de sensatez, moderación o responsabilidad institucional”.l
