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jueves | 25 abril | 2024
Los Presupuestos Generales del Estado de 2019 se encuentran desde ayer más cerca de su caída después de que hayan recibido seis enmiendas a la totalidad. A falta de que las enmiendas a la totalidad sean debatidas y votadas el 13 de febrero, las cuentas públicas de 2019 podrían no pasar este primer trámite en el Pleno del Congreso si ERC y PDeCat no retiran sus enmiendas.
Los Presupuestos se enfrentarán a partir del día 12 a seis enmiendas a la totalidad (PP, Cs, ERC, PDeCT, CC y Foro Asturias). A lo largo de ayer, y antes de que venciera el plazo de las 14.00 horas para registrar las iniciativas, se presentaron las enmiendas de Ciudadanos, Coalición Canaria, el PDeCat y Foro Asturias, a las que se suman las ya registradas por el PP (el jueves) y ERC (el martes).
Apoyo de UPN
Estas peticiones de devolución serán además apoyadas por UPN y los Presupuestos Generales del Estado están más cerca de decaer, ya que la suma de apoyos del PSOE, Unidos Podemos, PNV, Compromís y EH Bildu es insuficiente.
Las cuentas públicas solo podrían seguir su tramitación si ERC o el PDeCat deciden retirar sus enmiendas a la totalidad en el último momento y, además, al menos una de estas formaciones renuncia a abstenerse y vota a favor de la propuesta del Ejecutivo socialista.
El texto de la enmienda a la totalidad del PDeCat pide al Gobierno concretar las mesas del diálogo que están abiertas para poder “consolidar espacios de diálogo” y retirar su enmienda antes de las votaciones, aunque la propuesta que les ha trasladado el Ejecutivo de momento no les convence.
El PDeCat urge a debatir “sin vetos previos” el derecho a la autodeterminación de Cataluña, y recuerda la necesidad de que haya un Estatuto de Cataluña votado por el Congreso y el Senado y refrendado por los catalanes.
La iniciativa del PDeCat se ha registrado un poco después de que Ciudadanos (Cs) formalizara la suya, en la que critican que el Presupuesto se haya “pactado en la cárcel” a cambio –afirman– de conceder “impunidad” a los políticos presos independentistas.
Jugadas de póquer
El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, cree que las enmiendas de ERC y del PDeCat son ahora “jugadas de póquer y faroles”.
“(El presidente del Gobierno, Pedro) Sánchez está dispuesto a vender España para permanecer un cuarto de hora más en la Moncloa”, criticó Girauta en la misma línea que el portavoz adjunto del PP Carlos Floriano, que dijo que la única esperanza del Gobierno es que los independentistas no dejen caer el Presupuesto porque quieran un gobierno débil.
Canarias y Asturias
Coalición Canaria y Foro Asturias también presentaron sendas enmiendas a la totalidad.
El partido canario reclama más de 400 millones de euros para cumplir con el déficit de recursos económicos destinados a la región, a los ayuntamientos, a universidades, consorcios y centros de ciencia e investigación.
“No se les puede considerar que sean los presupuestos más sociales de la democracia porque no contemplan la partida de treinta millones de euros destinada a erradicar la pobreza en las islas”, afirma la enmienda canaria.
En rueda de prensa, Oramas defendió ayer que estos presupuestos “vulneran derechos fundamentales de obligado cumplimiento del Estado con el archipiélago, con sus ciudadanos y con sus agentes económicos y empresariales”, en tres ámbitos: “El social, el económico y el fiscal”.
Ana Oramas ha afirmado que la vulneración del llamado “fuero canario”, sustanciado en el Estatuto de Autonomía y en el Régimen Económico y Fiscal (REF), puede ser “por desconocimiento o error la primera vez”, o quizás “por despiste” la segunda.
Pero vulnerarlo por tercera vez es “un desprecio a Canarias”, ha dicho en alusión a la reunión infructuosa que mantuvo el presidente regional, Fernando Clavijo (CC), con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado miércoles para tratar de llegar a acuerdos.
Por su parte, Foro Asturias argumenta, por su parte, que los presupuestos son “una gran involución” para la región asturiana que se ve discriminada en sus inversiones frente a otras autonomías como Cataluña. La formación exige a una política energética y a la regulación de la descarbonización para las comarcas mineras.
