lunes 16.09.2019

Moncloa alega que la Junta Electoral no puede intervenir los decretos

El Ejecutivo recuerda que ni la Constitución ni la ley le impiden dictar normas durante la campaña

Isabel Celaá llega a la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros | aec
Isabel Celaá llega a la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros | aec

El Gobierno alegó ante la Junta Electoral Central (JEC) que la aprobación de los decretos leyes “no puede considerarse una actuación sujeta al control” de ese organismo y consideró que ni la Constitución ni la Ley Electoral le impiden dictar estas normas en periodo electoral.

El Ejecutivo defiende además mantener las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros porque su carácter “político-informativo” es incompatible con las “campañas” de “logros” que no permite la legislación electoral.

Así lo apunta la Secretaría de Estado de Comunicación en el escrito de alegaciones a la reclamación que registró el PP ante la JEC. En dicha reclamación, los populares pidieron que se supriman las ruedas de prensa posteriores a los Consejos de Ministros en esta precampaña y advierten de que la “campaña de aprobaciones y difusiones” de los decretos leyes por parte del Gobierno “tiene un claro tinte electoralista”.

En sus alegaciones, la Secretaría de Estado recalca que el Gobierno tiene la facultad constitucionalmente reconocida de aprobar normas con rango de ley, y alude a otros acuerdos de la JEC en los que este organismo admite que el periodo electoral no interrumpe el funcionamiento “ordinario” de las instituciones.

El Gobierno defiende que su acción está incluida en esa actividad institucional permitida y considera que ese “funcionamiento ordinario” puede “conllevar” la aprobación de Reales Decretos Leyes por las razones que permite la Constitución, que son las de extraordinaria y urgente necesidad.

Y advierte de que “ni la Constitución ni la Ley Electoral limitan” la potestad del Ejecutivo de dictar “disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos leyes” durante los periodos electorales.

Derecho de información
En este escrito, la Secretaría de Estado de Comunicación considera por otro lado “inconcebible” que se plantee siquiera suprimir la difusión de los acuerdos del Gobierno porque provocaría una “quiebra” del derecho de información que recoge la Constitución.

El escrito de alegaciones del Gobierno advierte además de que el PP no identifica actuaciones concretas o determinadas en su denuncia, y solo presume que en el futuro habrá una “campaña de aprobaciones” de decretos-leyes con un “claro tinte electoralista”.

Y se pregunta con arreglo a qué criterios podría la Junta diferenciar unos decretos electoralistas de los que no los son.

En cualquier caso, el Ejecutivo señala que la reclamación de los populares se apoya en unos antecedentes que no corresponden con el periodo preelectoral en sí, porque hasta la publicación en el BOE del decreto de disolución de las Cortes, el martes 5, no comenzó la precampaña.

Advierte también el Ejecutivo que a la JEC no le corresponde hacer “actuaciones preventivas” sobre posibles medidas “electoralistas” que no se han tomado.

En su defensa de mantener las ruedas de prensa, el Ejecutivo subraya que nunca se han puesto en cuestión en todos estos años de democracia ni se han lanzado sospechas sobre ellas.

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