11º-26º
viernes | 19 abril | 2024
La Fiscalía Anticorrupción pide para el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación, mientras que para su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, solicita diez años de inhabilitación especial por un único presunto delito de prevaricación continuada en el caso de los ERE.
Anticorrupción solicita estas penas en su escrito de acusación en la pieza separada correspondiente al procedimiento específico por el que fueron concedidas las subvenciones investigadas en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
Anticorrupción también pide penas de ocho años de cárcel para los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández y el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, seis años de prisión para la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo y diez de inhabilitación a los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez.
La Fiscalía, en su escrito de acusación en la pieza separada por las subvenciones investigadas en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, considera que los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán no “frenaron” como miembros del Consejo de Gobierno las “irregularidades” manifestadas en los informes elevados a dicho órgano.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público narra que ante los reparos de la Intervención General de la Junta de Andalucía a la gestión de las ayudas sociolaborales que concedía la Consejería de Empleo, Manuel Chaves como presidente de la Junta; Gaspar Zarrías como consejero de la Presidencia; Magdalena Álvarez como consejera de Economía y Hacienda; José Antonio Viera como consejero de Empleo, Antonio Fernández como viceconsejero de Empleo y Francisco Javier Guerrero como director general de Trabajo y Seguridad Social, emprendieron “modificaciones al presupuesto” autonómico para “soslayar” tales reparos mediante “transferencias de financiación” al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, actual Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA).
Porque “a diferencia de la Consejería de Empleo, sujeta a fiscalización previa o crítica, el IFA está sujeto a la función fiscalizadora mediante control financiero permanente, posterior de las operaciones de contenido económico de la entidad”.
prácticas conocidas
“Los cambios operados consiguieron que las denominadas ayudas sociolaborales soslayaran la necesaria y preceptiva fiscalización crítica o previa de la Intervención Delegada de la Consejería de Empleo, que se limitó a fiscalizar el montante global de las transferencias de financiación, pero que en ningún caso se refería a los expedientes de gastos de la tramitación singular de las ayudas, los cuales realmente no llegaron a existir como tales”, según detalla la Fiscalía.
Estas prácticas, según la Fiscalía, fueron operadas “con conocimiento de los incumplimientos ya descritos y conciencia de las consecuencias”, por parte de Chaves, Zarrías, Magdalena Álvarez, Viera, Antonio Fernández y Francisco Javier Guerrero, principalmente.
La Fiscalía pide también que los presuntos autores del delito de malversación –Chaves y Griñán entre ellos– respondan solidariamente de la devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales del programa 31L y 22E por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo entre los años 2000 y 2010, que ascienden en conjunto a 741,59 millones de euros.
