10º-17º
jueves | 25 abril | 2024
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechaza rotundamente las críticas del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, a la condena impuesta a la portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, a diecinueve meses de prisión por participar en los altercados que se produjeron durante un desahucio en 2014 al considerar que “generan una sospecha inaceptable” sobre la independencia e imparcialidad de los tribunales. Un rechazo al que se sumaron el PP y Cs y que provoca un nuevo enfrentamiento entre poder judicial y Gobierno a cuenta de Iglesias.
Así lo expresó el órgano de gobierno de los jueces en un comunicado emitido tras analizar en Twitter tras conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por los delitos de atentado contra la autoridad, lesiones leves y daños contra agentes policiales, y las manifestaciones públicas que realizó posteriormente en rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa.
El comunicado se aprobó con los votos a favor del presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; y de los vocales José Antonio Ballestero, Álvaro Cuesta, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Pilar Sepúlveda. En contra votó Rafael Mozo.
Tal y como recuerda el CGPJ, el vicepresidente segundo escirbió: “Las sentencias se atacan (y en este caso se recurren), pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso”.
A este mensaje se sumó una intervención en la que defendió la libertad para criticar sentencias judiciales en un estado democrático aunque éstas decisiones haya que acatarlas. Si bien sostuvo que él “por prudencia” no dijo lo que piensa de la condena, sino que solo trasladó “algo que piensa mucha gente en la sociedad”.
Malestar
El CGPJ ha expresado su “profundo malestar” no solo por cuestionar una actuación judicial, sino por sospechar de la “falta de imparcialidad de los jueces españoles” al insinuar que éstos “otorgarían un trato desigual y privilegiado a unos colectivos que, por su influencia y contactos, serían impunes a la acción de la justicia”.
Para la Comisión Permanente estas afirmaciones “merecen un absoluto y rotundo rechazo”, pues “más allá del legítimo derecho a la crítica generan una sospecha inaceptable respecto del proceder de juzgados y tribunales cuando es público, notorio y reconocido que éstos, a lo largo del tiempo, han dado sobradas muestras de su independencia, imparcialidad y objetividad, cualquiera que sea la posición política o social de los enjuiciados”. En este sentido, asegura que prueba de que no se ha hecho ningún tipo de distinción, son las sentencias condenatorias por delitos de corrupción dictadas por los tribunales españoles solo en los últimos años, como las del caso Nóos, Gürtel, los ERE, las tarjetas ‘black’, entre otras.
Así, por el “tono ciertamente inapropiado” utilizado por Iglesias –apuntan– se ve “una vez más en la obligación” de apelar “a la moderación, prudencia y mesura”. Asimismo, vuelve a recordar la “responsabilidad institucional” que tiene un miembro del Poder Ejecutivo para que se evite “la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces”.
Desde Unidas Podemos se consideró “ilegítimo” el comunicado, acusando al CGPJ de estar “al servicio de la derecha”.
