11º-22º
martes | 16 abril | 2024
La Justicia belga dio un varapalo a España con su decisión de no entregar a los exconsellers catalanes huidos Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig a las autoridades españolas por un defecto de forma en la orden de detención y entrega emitida por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
Así lo anunció el propio Comín en declaraciones a los medios, junto con Serret y Puig, después de la audiencia en la que la Cámara del Consejo –el tribunal belga de primera instancia– ha tomado esta decisión.
Una decisión que provocó que la Sala Segunda del Tribunal Supremo haya acusado a la Justicia belga de “ausencia de compromiso con la colaboración judicial” al tiempo que destacó que solo el “desconocimiento” del orden jurídico español permite obviar el auto de procesamiento del pasado 21 de marzo en el que se motiva los hechos por los que son acusados del delito de rebelión.
Mandato nacional
Asimismo, recuerda que el auto de procesamiento del juez Pablo Llarena, que investiga los hechos relacionados con el denominado , adoptaba la medida cautelar de prisión contra los exconsellers Serret, Comín y Puig.
La Cámara del Consejo –el tribunal belga de primera instancia– rechazó las entregas de los tres exconsellers porque la euroorden emitida por el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa del , Pablo Llarena, se basa en el mandato de arresto nacional emitido por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, por lo que los cargos entre una orden y otra no coinciden.
El problema de forma de la euroorden emitida por el magistrado Pablo Llarena es que no se basa en nueva orden nacional de detención, sino en el requerimiento emitido meses antes por la Audiencia Nacional. Según la jurisprudencia comunitaria, cada orden de detención europea tiene que estar respaldada por una orden de detención nacional.
Una victoria importante
Comín destacó que la decisión del tribunal belga es “una victoria judicial muy importante” tanto para los tres exconsellers que se encuentran en Bélgica como para el resto de políticos catalanes sobre los que existen órdenes europeas de detención y entrega y los que se encuentran en prisión.
Así, interpretó que la Justicia belga le mandó el mensaje al Tribunal Supremo de que “abusa del derecho penal” y del sistema europeo de euroórdenes. “Pedimos que se acabe este abuso de manera clara, irrevocable y irreversible”, reclamó.
Por su parte, Lluís Puig mostró su confianza en que el resultado del procedimiento en Bélgica “acabe ayudando a los compañeros y compañeras todavía en prisión”, así como a Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Marta Rovira. “Esperamos que la Justicia de estos países (por Alemania, Reino Unido y Suiza) sigan el argumento técnico porque estamos seguros de que hay una sola Justicia europea con los mismos Derechos Humanos para todos los ciudadanos europeos”, dijo.
En la misma línea, Meritxell Serret reclamó que se acabe “la judicialización de la política” para “intentar resolver un problema político”, al tiempo que pidió al Gobierno iniciar un “diálogo” .
Los exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig comparecieron de nuevo ayer ante el tribunal belga que debía pronunciarse sobre las órdenes de detención y entrega emitidas por el juez del Tribunal Pablo Llarena, que investiga los sucesos relacionados con él .
El Ministerio Público de la capital belga ha informado en un comunicado que esta decisión del tribunal puede ser recurrida, pero anunció que no lo hará. “La decisión de la Cámara del Consejo es susceptible de recurso. El Ministerio Público y las tres personas implicadas tienen la posibilidad de presentar recurso. El Ministerio Público no lo presentará”, señaló.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, mostró ayer su “respeto” por la decisión de la Justicia belga de no entregar a los exconsellers catalanes. “Siempre respetamos las decisiones judiciales, las que nos gustan más y las que nos gustan menos, pero siempre desde el respeto a la independencia del Poder Judicial”.
En declaraciones a los medios de comunicación, Catalá recordó que el procedimiento de la euroorden es “puramente judicial”, es decir, que a diferencia de los procesos de extradición los gobiernos no intervienen. Y al ser una “petición de juez a juez en la que participan también los fiscales”, el ministro acata la decisión.
