10º-17º
jueves | 25 abril | 2024
El Tribunal Supremo decidirá el próximo día 16 sobre cómo debe interpretarse la normativa europea que ha llevado a la Audiencia Nacional a excarcelar al histórico dirigente etarra Santiago Arrospide Sarasola, alias “Santi Potros”, y a Alberto Plazaola Anduaga, entre otros terroristas.
El alto tribunal no se reúne para decidir directamente sobre el caso de Santi Potros, sino en torno a un recurso anterior presentado por otro etarra, Kepa Pikabea Ugalde, pero su decisión creará una jurisprudencia que se aplicará a diversos casos de etarras e incluso a otros presos.
La Sala de lo Penal del Supremo persigue con su pleno jurisdiccional unificar criterios que descarten “las dudas interpretativas” surgidas en la Audiencia Nacional sobre esta cuestión. Las secciones primera y segunda de la Audiencia Nacional han tomado resoluciones contradictorias sobre este asunto.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado ha remitido un oficio a los fiscales para que informen de los casos que se les planteen sobre acumulación de condenas en otros países y anuncia que con esos datos analizará “los problemas” de aplicación de la normativa europea en la que se han basado algunos jueces para excarcelar a etarras.
Para “ir unificando criterios”, la Fiscalía General envió ayer este oficio a los fiscales jefe y a los fiscales de Sala para que “den cuenta” de los asuntos en que se planteen acumulaciones de sentencias extranjeras, procedan o no de estados miembros de la UE, y pide que a esos “incidentes procesales” se les considere “de especial trascendencia”.
Por otro lado, un informe encargado por el Gobierno Vasco cifra en 197 los asesinatos de ETA sin esclarecer; 10 del Batallón Vasco Español (BVE) y de otros “grupos satélite e incontrolados”, 10 de los GAL y los 3 restantes no está clara la autoría.
En total, se contabilizan 927 asesinatos desde 1960 hasta la actualidad por grupos terroristas en España relacionados con el “caso vasco” –como reza el título del informe– por lo que no están incluidas, por ejemplo, las víctimas del 11-M.
Los asesinatos terroristas analizados en el informe y no esclarecidos ascienden a 220, cifra que corresponde a los casos sobreseídos y archivados por los tribunales, aunque podrían añadirse otros 7 atentados de ETA que fueron expurgados, es decir, casos cuyos expedientes se destruyeron porque dada su antigüedad no había posibilidades de investigación. No se contabilizan otros 65 asesinatos a manos de etarras que fueron amnistiados en 1977 y de los cuales los expertos no han encontrado datos para determinar cuáles estaban resueltos y cuáles no.
Los asesinatos no esclarecidos cometidos por etarras representan el 23,2% del total de sus víctimas mortales. Ese porcentaje es del 24,3% en el caso del BVE, asciende al 37% en de los GAL y se queda en el 30% cuando se trata de casos con dudas sobre el grupo terrorista que lo cometió. n
