Caballero y Louzán están entre los 50 imputados en la operación “Patos”

La jueza de instrucción número 7 de Vigo dictó auto acordando la imputación de otras 46 personas en el marco de la operación “Patos”, al margen de las cinco que fueron detenidas en su día y que ya están imputadas. Entre los imputados están el expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán (PP); el alcalde de Vigo, Abel Caballero (PSdeG); o la delegada de la Xunta, María José Bravo Bosch (PP).

Así, se elevarían a 34 los imputados en la denominada pieza principal, sobre la presunta comisión de delitos de prevaricación y tráfico de influencias en Vigo, en relación con la adjudicación de contratos públicos en diversas administraciones. A estos se suman otros 16 imputados en el caso de la investigación que se centra en presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de Nigrán, para la que se ha creado una pieza separada, que se instruirá en el mismo juzgado.

La magistrada acepta la inmensa mayoría de las imputaciones propuestas por el fiscal e imputa a todas las personas que solicitaba el Ministerio Público, excepto a tres: el exalcalde de Nigrán Alberto Valverde; el secretario municipal del Ayuntamiento de Nigrán; y la presidenta de la asociación de vecinos “Pedra Moura” (en relación con una subvención).

Además de las cinco personas detenidas e imputadas en febrero de 2014 (dos trabajadores de Cespa; el dueño de Eiriña, Enrique Alonso, y su mano derecha; y el exedil de Vías y Obras de Nigrán, José Luis Álvarez), la lista de imputaciones se completa con otros políticos, funcionarios y técnicos, representantes de empresas, entre otros.

En lo que respecta a la pieza principal, fueron imputados el expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán; su jefe de gabinete; el exvicepresidente de este organismo y presidente local del PP, José Manuel Figueroa; la delegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch; su jefe de gabinete; varios funcionarios de la Diputación; y también técnicos de la Xunta y el Puerto, además de empresarios.

Todos ellos fueron encausados en relación con presuntas irregularidades en la concesión de adjudicaciones y contratos públicos, así como por la recepción de regalos o prebendas. En el caso de los empresarios, se les acusa de prestarse a hacer presupuestos de “acompañamiento” en licitaciones amañadas.