11º-26º
sábado | 20 abril | 2024
La Fiscalía Superior de Galicia solicitó ayer que se procese a la diputada autonómica del PP Marisol Piñeiro por prevaricación. Considera que existen “elementos suficientes” para probar que participó en el supuesto enchufe de una trabajadora cuando era teniente de alcalde en Carnota.
La contratación, según el Ministerio Público, se produjo sin “ningún tipo de formalidad ni ajuste a la legalidad”. La persona que habría sido enchufada entró como administrativa municipal en 2007. Tras dos prórrogas, fue contratada de forma indefinida tres años después como técnico de Urbanismo saltando los procesos de selección.
Piñeiro se reafirmó ayer en su inocencia a pesar del escrito de Fiscalía, que pide procesar también al entonces alcalde popular de Carnota, José Oreiro, y al secretario municipal, Carlos Bousoño, dado que intervinieron “de modo directo y necesario” en la presunta prevaricación.
El fiscal añade en su escrito la conveniencia de que se impongan medidas cautelares “para atender las responsabilidades civiles derivadas del procedimiento”. Así, para el exalcalde y la exteniente de alcalde, propone fianzas de 10.000 euros, mientras que la del funcionario local se limita a 6.000 euros. Y, en caso de que no las satisfagan, pide que se proceda “al embargo” de bienes suficientes para su cobertura.
El procedimiento comenzó por una denuncia formulada en enero de 2013 por el actual alcalde, Ramón Noceda. En 2007 el Ayuntamiento de Carnota había contratado una mujer como administrativa de apoyo a la alcaldía. Fue una de las varias contrataciones que ya en su momento habían denunciado los nacionalistas por su elevado coste para las arcas municipales, dado que en sus primeros meses de gestión, Oreiro despidió a nueve trabajadores que por tener subvenciones suponían un gasto de diez mil euros anuales al ayuntamiento, para después contratar para las mismas funciones a ocho empleados por 150.000 euros. Pero, además, la contratación de esta asesora se hizo, segundo el fiscal, saltar “los preceptos legales de publicidad, libre competencia y objetividad”.
A lo largo de la instrucción, el fiscal señaló que José Oreiro y Marisol Pino “mintieron” ante el juez, al asegurarle que manejaron el currículum de varios aspirantes al puesto y que la persona contratada era la de mejores aptitudes. Según el BNG, esto fue desmentido por el secretario municipal, que negó que hubiesen llegado currículums.
En la instrucción se comprobó, además, que quien firmó el contrato de esta persona fue Marisol Piñeiro, dado José Oreiro estaba de baja médica.
Posteriormente la alcaldía firmó “arbitrariamente prórrogas, cambios de puesto y categoría, subidas de sueldo y le aumentaron el sueldo a 3.000 euros al mes, todo eso sin mediar más procedimiento que sucesivos decretos de alcaldía firmados por Oreiro o Piñeiro”, según el BNG.
