domingo 12.07.2020

Los exdirectivos pasan de puntillas sobre sus indemnizaciones y solo Pego defiende los 18 millones que percibió

La fusión de Caixa Galicia y Caixanova fue un fracaso reconocido por sus exdirectivos, pero eso no es, al parecer, razón suficiente para que quienes pilotaron las cajas gallegas por separado

                        la llegada de julio fernández gayoso, al igual que la del resto de exaltos cargos, conllevó una gran expectación mediática
la llegada de julio fernández gayoso, al igual que la del resto de exaltos cargos, conllevó una gran expectación mediática

La fusión de Caixa Galicia y Caixanova fue un fracaso reconocido por sus exdirectivos, pero eso no es, al parecer, razón suficiente para que quienes pilotaron las cajas gallegas por separado, durante su unión y hasta su desaparición reconozcan que no se merecían haber cobrado las cantidades desorbitadas que posteriormente salieron a la luz.

Aunque comedidos y discretos, ninguno de los cuatro exaltos cargo ha reconocido excesos salariales, a excepción de Mauro Varela, expresidente de Caixa Galicia y excopresidente de la fusionada Novacaixagalicia, quien calificó de “excesivas” las indemnizaciones recibidas por algunos exdirectivos de las entidades.

En el lado contrario se situó  José Luis Pego, exdirector general de Caixanova, quien sí defendió los 18,7 millones que percibió de NCG cuando dejó de prestar sus servicios como director xeral de Novacaixagalicia.

Pego empezó bien, pidiendo disculpas “por los errores” que pudieron cometer, pero finalizó sacando pecho de sus retribuciones con una defensa a ultranza de la legalidad del “contrato de adhesión” a la caja, que le permitió percibir los 18,7 millones, de los cuáles once millones corresponden a un plan de pensiones.

fue Despedido

Quien fuera la mano derecha de Gayoso en Caixanova recordó que él no se fue de la caja fusionada por iniciativa propia, sino que fue José María Castellano, presidente de NCG Banco, quien en septiembre de 2011 lo apartó de la dirección de Novacaixagalicia. “No me fui de la entidad por voluntad propia, me fui porque me dicen que tengo que abandonar el proyecto”, explicó Pego.

Ese despido, indició, conllevaba una serie de compromisos que el propio Pego calificó de “elevados” y que se remontaban a su contrato con Caixanova que databa de 2005.

“Se me dijo que los contratos están para cumplirlos”, aclaró, así que percibió una indemnización de 7,7 millones de euros, que se añadía a un plan de pensiones por valor de 11 millones más, como correspondía a su “contrato de adhesión, elevado a público, con la aprobación de quien correspondía”, recordó el exalto cargo. Razón que llevó a Pego a insistir en que  sus indemnizaciones “son legales”, dijo, antes de excusarse para no seguir hablando del asunto, siguiendo el consejo que le dio su abogado.

Por su parte, Varela señaló, al ser preguntado por los grupos parlamentarios, que no se veía capacitado para hacer un pronunciamiento sobre las indemnizaciones recibidas, de las que destacó que eran “perfectamente legales”, aunque finalmente las consideró como “excesivas”, sobre todo “teniendo en cuenta las circunstancias”.

En cualquier caso, dijo que él no recibió “nunca nada”, ni en retribuciones especiales ni de otro tipo y señaló: “Salí de ahí como entré. No, salí peor económicamente, porque dejé una gran parte de mi trabajo profesional, como también me pasó en la política. Eso es así”.

El expresidente de Caixa Galicia y de Novacaixagalicia se presentó como un cargo “institucional, sin poder” y destacó que el consejo de administración de la primera entidad “no era profesional, porque así estaba dispuesto por ley”.

Horas antes, el exdirector general de Caixa Galicia, José Luis Méndez, negó que recibiera indemnización alguna de la caja coruñesa y no lo hizo porque “no era moral reclamarlas”, ya que se fue “por decisión voluntaria”.

Sin embargo, Méndez se refirió a las cláusulas de confidencialidad de su contrato para no arrojar luz sobre cuestiones como las indemnizaciones millonarias a altos directivos, argumento por el que tuvo la oposición de los grupos, que le recriminaron su negativa a dar explicaciones.

También rehusó a dar explicaciones sobre las indemnizaciones el expresidente de Caixanova y excopresidente de la entidad fusionada, Julio Fernández Gayoso. En el caso del directivo de la caja olívica su negativa se sustentó en que el asunto está incurso en trámite judicial y solo dijo que él no recibió “ni un solo euro”.

no convencen a los grupos

La respuesta sobre las indemnizaciones millonarias no satisfizo a los partidos, que echaron en falta sus “disculpas”.

Tal es el caso del portavoz del PPdeG, Pedro Puy, quien preguntó a Gayoso si cree “razonables” las indemnizaciones millonarias cobradas por exaltos cargos.

El socialista Abel Losada consideró “una injusticia” que sobre las indemnizaciones “se focalice exclusivamente” en los directivos que permanecieron tras la fusión de las cajas y no sobre quienes recibieron cantidades “también indecentes” pero que “cogieron el primer tren o bote salvavidas”, en alusión al exdirector general de Caixa Galicia.

Francisco Jorquera (BNG) le preguntó, sin obtener respuesta, si en los días previos a su prejubilación modificó las condiciones de su contrato para incrementar su retribución vitalicia, y le recordó unas palabras suyas en las que dijo que los altos cargos “se merecían” las indemnizaciones que recibieron como “premio a su especial dedicación”.

La portavoz de AGE, Yolanda Díaz, significó que su formación no es cómplice de “una comisión trampa, viciada en su origen” y que supone “un paripé”, y que solo participa en la misma como “observadora”.

Eso sí, aprovechó para trasladarle a Gayoso que “mucha gente normal”, como los afectados por las preferentes o quienes se sienten “robados” por las indemnizaciones, querrían verle a él y a los otros exaltos cargos compareciendo “esposados”.

En cuanto al fracaso de la fusión, José Luis Pego la achacó a los cambios normativos, que propiciaron unos requerimientos de capital que la caja no pudo alcanzar porque, además de que no se le dio tiempo, dijo, la normativa que había durante la fusión obligó a la caja a provisionar a saneamiento una importante cantidad, de unos 3.000 millones de euros, en lugar de permitirle capitalizarse, recordó.

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