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El Gobierno francés avisa de que hay límites en las protestas contra sus reformas

El Gobierno francés lanzó ayer una advertencia en dirección a los organizadores de las protestas contra su reforma de pensiones, a la que se oponen de forma unánime todos los sindicatos, en un momento en que algunos piden endurecer las acciones, en particular con cortes de electricidad. “No todo es aceptable”, subrayó el ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, en una comparecencia de prensa al término del Consejo de Ministros que aprobó el proyecto de reforma, cuando se le preguntó por esas amenazas de cortes de luz.


En una clara referencia a los mensajes lanzados por algunos representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), que en los últimos días advirtieron de que podrían interrumpir la corriente a responsables políticos que apoyan la reforma, Dussopt dijo que algunas cosas de las que se habla no entran dentro de “una acción militante reivindicativa, sino que pueden ser delito”.  El secretario general de la federación de energía y minas de la CGT, Sebastien Manesplier, que hace una semana había proferido ese tipo de amenazas, afirmó en una entrevista a la televisión que “la huelga está bien, pero no basta” y hacen falta “acciones que tengan impacto”.


Los sindicatos, que de forma conjunta organizaron una primera jornada de huelgas y manifestaciones el pasado jueves, que obtuvo una respuesta masiva con entre uno y dos millones de personas en la calle, convocaron una segunda para el 31 de enero. Pero alguno de los sindicatos tiene intención de preparar otros paros o acciones espectaculares en servicios básicos, como la energía y el transporte.

 

El Parlamento


El Ejecutivo y el presidente, Emmanuel Macron, pretenden por su parte desplazar el debate hacia el Parlamento, donde la situación les resulta más favorable, y por eso se guardan un cierto margen de maniobra para introducir algunos cambios, pero con límites. El titular de Trabajo insistió en que ya se integraron “muchas demandas”, y en particular se refirió a la revalorización de las pensiones más bajas al nivel del 85% del salario mínimo (unos 1.200 euros al mes, si se aprueba el proyecto) para los que hayan cubierto el periodo de cotización completo.


Inicialmente, esa revalorización era para los futuros pensionistas que cumplan la condición del periodo completo de cotización, es decir, unos 200.000 de los 750.000 a 800.000 que se van a jubilar cada año, según el ministro. Pero bajo la presión del partido conservador Los Republicanos (LR), cuyos votos son necesarios para conseguir la aprobación de la reforma en la Asamblea Nacional, el Gobierno de Macron decidió ampliarlo a los jubilados actuales que también tengan el periodo de cotización completo, un 10% del total.

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