La justicia catalana ve en la actuación de Mas en el 9-N indicios de desobediencia

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) aprecia indicios de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, pudo incurrir en un delito de desobediencia al no acatar la orden del Tribunal Constitucional (TC) que suspendía cautelarmente la consulta del 9-N.

Así lo expone la sala civil y penal del alto tribunal catalán en varios autos notificados ayer, en los que razona su decisión de admitir a trámite las querellas y denuncias por el 9-N e investigar a Mas y a las conselleras Joana Ortega e Irene Rigau por presunta desobediencia al Constitucional.

En el auto, el TSJC sostiene que existen indicios de que la suspensión “concreta y determinada” de la consulta alternativa ordenada por el Constitucional el 4 de noviembre “no fue presuntamente acatada por los querellados”, ya que continuaron con la preparación “por la vía de hecho” hasta llevar a cabo las votaciones en edificios públicos, de lo que se responsabilizó públicamente el propio Mas. Al seguir adelante con la consulta, el TSJC entiende que Mas, Ortega y Rigau “privaron aparentemente de eficacia” el contenido de la suspensión cautelar ordenada por el Constitucional antes de que el tribunal se pudiera pronunciar definitivamente, “con los subsiguientes efectos irreversibles que con dichas conductas se causaron”.

En los autos, el alto tribunal razona que “es público y notorio” que Mas renunció a realizar la consulta soberanista inicialmente prevista ante la suspensión ordenada por el Tribunal Constitucional el 29 de septiembre.

No obstante, el TSJC recuerda que, una vez que Mas convirtió la consulta inicial en un proceso de participación ciudadana, el Gobierno del PP formuló una nueva impugnación ante el Constitucional, que el 4 de noviembre suspendió cautelarmente la votación soberanista de forma “concreta y determinada”.

El TSJC ve indicios de que la orden “expresa” del Constitucional “no fue presuntamente acatada por los querellados”, que siguieron con la preparación de la consulta, la publicidad institucional y con la aparente realización de actos administrativos de su desarrollo, tanto verbales como por la vía de los hechos, hasta llevar a cabo las votaciones el 9-N en edificios públicos.