Después de que el pasado 26 de enero, el alcalde de Boiro, José Ramón Romero, dio “por finalizado este pleno”, en el que la moción de urgencia de ICBoiro sobre la denuncia de vejaciones sufridas por mujeres víctimas de violencia de género acaparó gran parte de la sesión, los policías locales no pudieron intervenir en el turno de ruegos y preguntas pese a que lo habían solicitado previamente. Para la sesión de este jueves, volvieron a pedirlo y una de las cuestiones que le formulan es sobre qué medidas en favor del interés general de los trabajadores del Concello adoptó el regidor en los casi cuatro años de gobierno que no fuesen por imperativo legal, pues señalan que para evitar responder a sus preguntas se justificó en que “miraba polo intereses xeral de todos os empregados municipais, algo que nunca fixo”, indicaron.
Otra de las preguntas que le quieren formular al mandatario hacen referencia a si colaboró con los representantes de los trabajadores en la aplicación de la Ley 20/2021, del 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, como por ejemplo poniendo a su disposición asesoramiento jurídico o si se limitó a cumplir con el mandato de dicha ley, quedando todo el proceso sobre las espaldas de los representantes de los trabajadores. Otra cuestión se refiere a las razones por las que los peones y oficiales del Ayuntamiento de Boiro no son retribuidos, al menos, con la cuantía mínima que figura en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Los agentes municipales pretenden saber las razones por las que después de realizar un gasto de casi 18.000 euros a favor de la Universidade de Santiago de Compostela no se hizo trámite alguno para llevar a buen puerto una nueva Relación de Postos de Traballo. Otra cuestión que también interesa a los policías locales es si el alcalde tiene previsto abordar con los representantes de los trabajadores municipales, por un lado, un sistema de carrera profesional horizontal en desarrollo de los artículos 16 y 17 del Real Decreto Legislativo 5/2015, del 30 de octubre, del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y, por otro, un acuerdo regulador de las condiciones de empleo teniendo en cuenta que los funcionarios del Ayuntamiento boirense son los únicos de O Barbanza que carecen de convenio.