10º-22º
martes | 23 abril | 2024
Una mujer se deberá sentar en el banquillo de los acusados de la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña para responder de un posible delito de falsedad en documento mercantil, junto con un delito continuado de estafa o apropiación indebida, por lo que la Fiscalía le solicita cinco años de prisión y multa de 6.600 euros, así como que indemnice a su víctima con 151.154 euros. El inicio de la vista oral por esta causa procedente del Juzgado de Instrucción Número 2 de Ribeira fue señalado para las 9:30 del miércoles y tendrá continuidad al día siguiente y el 1 de julio.
Los hechos que se le atribuyen a esta mujer, que trabajó en el Concello de Boiro hasta 2015, se registraron entre los años 2005 y 2014 cuando, según el escrito de acusación del Ministerio Público, los socios de la comunidad de montes vecinales en mano común de Montaña, Montañó-Piñeiro y Escobias (Boiro) aceptaron que la ahora procesada, que tenía vínculos de vecindad, un lejano parentesco y confianza con el presidente y el tesorero de dicha entidad, asistiera a las asambleas y confeccionara las actas en sustitución del secretario, y esos dos máximos dirigentes delegaron en ella, debido a sus conocimientos administrativos y económico, la gestión económica de lo relativo a los expedientes de subvenciones, llevanza de la contabilidad y otras funciones, que fueron aceptadas por los comuneros.
La Fiscalía sostiene que la acusada, que nunca fue comunera ni tuvo cargo alguno en esa entidad, realizaba esas tareas por consentimiento tácito de la comunidad de montes, de la que tenía en su poder la libreta bancaria de la cuenta abierta en una sucursal de Boiro por ese colectivo de propietarios del monte. El Ministerio Público añade que la procesada no tenía firma autorizada. Solo la tenían el presidente y el tesorero- y agrega que, por su sistema de funcionamiento, apenas tenían que ir al banco una o dos veces al año. Pero, sostiene que la acusada, con ánimo de ilícito beneficio, cobró por caja entre 2005 y 2013 un total de 151.154 euros, realizando unas 280 retiradas en efectivo de cantidades redondas, que oscilaron entre 100 y 6.000 euros.
“Para ello, en los documentos bancarios de reintegro correspondientes a cada retirada, en el recibo estampaba su propia firma y anexaba a dicho documento bancario una autorización en la que imitaba la firma de la personas autorizadas en la cuenta y poniendo sobre estas firmas el sello de la CMV. Esta autorización quedaba incorporada como anexo al documento bancario de cada reintegro que ejecutaba y firmaba la propia acusada”, sostiene la Fiscalía. A finales del año 2013 entró un nuevo presidente en la comunidad de montes que trató de conocer la situación económica de la entidad a través de ella, pero “le dio largas”, por lo que acudió al banco y, tras examinar los movimientos en cuenta, descubrió los hechos por los que se formula la acusación. Dio cuenta de ellos el 2 de octubre de 2014 a la asamblea, que decidió por mayoría absoluta interponer la querella.
