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jueves | 25 abril | 2024
Bronca en el Senado y bronca en el Parlamento de Galicia a respecto de la nueva Ley de Costas en trámite. Mientras la crítica opositora se centra en Madrid en desacreditar al PP por permitir lo que consideran dar vía libre a la especulación y nuevos pelotazos urbanísticos en el litoral, el debate en la Cámara Autonómica, sin renunciar a este argumento, introdujo ayer el de que el texto tampoco servirá para resolver los problemas de los vecinos con la legalización de sus casas a pie de costa. Y ahí salió a relucir el caso de A Illa, único municipio insular en Galicia.
En una sesión con presencia del alcalde isleño, Manuel Vázquez, y de representantes vecinales, el diputado socialista Xosé Sánchez Bugallo lideró las críticas del PSOE hacia el gobierno conservador.
Bugallo subrayó que la norma en Galicia solo incorpora el indulto a los núcleos litorales de Moaña, ya que el PP desestimó, finalmente, una alegación propia que pretendía equiparar el trato que recibiría A Illa de Arousa con el que sí fue concedido para la isla de Formentera, para asegurar la legalización de las casas tradicionales.
El socialista acusó a los conservadores de “darle la vuelta a la Ley de Costas como un calcetín” y servirse de la excusa “de nuestros paisanos” para presentar un texto que “desprotege” el litoral sin resolver el problema de la legalización de núcleos poblacionales, dando vía libre a “otros objetivos”. Ve en estos un supuesto afán especulativo: “Los únicos que están felices son el señor Luis de Guindos”, dijo para añadir que “ingleses, franceses o alemanes en la Costa Brava o la Costa del Sol están tranquilos; y también las entidades financieras que compraron las cédulas hipotecarias de estos inmuebles. Ence no solo está tranquila, sino que está eufórica”, remachó indicando que el borrador de la Ley contemplaría ampliaciones a autorizaciones industriales como la de esta empresa en Pontevedra.
El texto sale del Senado, finalmente, sin equiparar A Illa con Formentera
"sí da solución"
La visión de la botella medio llena fue la que defendió al otro lado de la Cámara el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández.
El popular sostuvo que la ley “no desprotege nada ni prepara ningún pelotazo urbanístico”. Al contrario, aseguró que atenderá por vez primera a una “reivindicación histórica de Galicia” y de las peticiones de legalización de sus núcleos costeros tradicionales, pero sin amnistía total sin control: Este proceso, señaló, atenderá a quienes estaban de manera “legítima” en la costa, tanto vividas (unas 8.000, según sus estimaciones) como negocios, “poniendo fin a la inseguridad que venían padeciendo cientos de gallegos” aunque “sin amnistiar situaciones de ilegalidad”. Negó, además, que se de vía libre a la ampliación de Ence porque eso necesitaría antes autorización expresa de la Xunta.
