Los acusados por la carga de cocaína en granito niegan relación alguna con el alijo

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra acogió ayer el primer día de juicio contra el meisino vecino de Cambados Fernando Gil y contra Esteban G.A., a quienes la Fiscalía acusa de haber intentado la introducción de un alijo de casi 90 kilos de cocaína en España, procedente de Chile.
Los dos acusados negaron ayer en la vista oral vinculación alguna con el alijo, aunque sí admitieron diferentes roles con la empresa ubicada en Almería que era destino del cargamento ilegal, camuflado en un contenedor con granito para construcción.
Así, Fernando Gil reconoció que él había acompañado a su amigo a ver la nave industrial, pero aseguró no tener “nada que ver” con la empresa que, sostuvo, había puesto en marcha el otro encausado. A preguntas del fiscal, el saliniense sí admitió que su gestor se había hecho cargo de los trámites de algunos documentos de la empresa de su amigo. Pero únicamente eso.
Esteban G.A., por su parte, mantuvo una versión coincidente con el otro acusado. Reconoció, por tanto, la empresa como propia, pero subrayó no saber nada de los 90 paquetes de droga, valorados en unos 4,2 millones de euros. Es más, mostró su sorpresa, ya que expresó que su empresa tenía por objeto la exportación y no la importación de piedra. El fiscal pide para Esteban G.A. 10 años de cárcel y 24 millones de multa. La misma cantidad solicita para Fernando Gil, aunque para él aumenta la petición de prisión hasta los 13 años, al tener en cuenta el agravante de reincidencia, recordando que el saliniense había sido condenado por la Audiencia Nacional, en los 90, a 15 años de cárcel por un delito contra la salud pública.

el cargamento
El 5 de julio de 2012, la autoridad aduanera de Chile inspeccionaba un contenedor con cargamento declarado de piedra granítica con destino a la empresa radicada en Almería. En su interior, junto a casi 24 toneladas de roca, localizaron 90 paquetes de clorhidrato de cocaína con peso de 89,99 kilos y pureza del 89 %, valorados en 4.290.000 euros en el mercado ilícito.
El fiscal antidroga, Luis Uriarte, mantiene que los encausados concertaron la operación “con la intención de introducir en España una importante cantidad de cocaína”, para su posterior distribución y venta a menor escala, extremos negados por ellos.