viernes 23/10/20

La Audiencia Nacional tumba el recurso del Concello para regularizar los núcleos costeros de Sanxenxo

La Audiencia Nacional desestima el recurso contencioso administrativos presentado por el Concello de Sanxenxo dentro de la batalla judicial emprendida

Vista de la fachada de la Audiencia Nacional | cedida
Vista de la fachada de la Audiencia Nacional | cedida

La Audiencia Nacional desestima el recurso contencioso administrativos presentado por el Concello de Sanxenxo dentro de la batalla judicial emprendida para lograr la regularización de los diez núcleos costeros del municipio: Arnosa, A Revolta, Foxos, Fontenla, Major, Seame, Festiñanzo, A Granxa, Cabicastro y Nanín.

La sentencia del órgano judicial no contempla la petición de inactividad administrativa del Ministerior de Medio Ambiente del que depende Costas en el que se basa el recurso presentado pro el Concello de Sanxenxo y con el que se pretendía abrir una vía para la regularización de los núcleos costeros. La Audiencia Nacional condena a las costas procesales al Concello y deja abierta la vía de casación.
De no lograr la regularización de estos núcleos, deberán seguir fuera de ordenación, lo que no solo bloquea su desarrollo (al prohibir nuevas edificaciones) sino que impide la ampliación de las ya existentes y limita las obras de reforma a lo mínimo imprescindible para garantizar la conservación de las viviendas ya existentes.

Las viviendas afectadas están situadas en zona de servidumbre, una franja paralela al mar que no es dominio público, pero que está afectada por severas condiciones de protección, tránsito y acceso al mar. Y en la que, por supuesto, no se pueden construir viviendas. Con la nueva ley, la zona de protección se puede reducir en numerosos casos de 100 a 20 metros, por lo que las viviendas ya construidas que se acogen a esa disposición pasan de estar sometidas a controles rigurosos para realizar obras a tener vía libre para construir, siempre que cuenten con los preceptivos permisos municipales o autonómicos.
El problema surge de las dificultades que se ha encontrado el Concello de Saxenxo para demostrar que las casas que se quieren legalizar ya existían en 1988, cuando la primera Ley de Costas estableció las condiciones de la zona de servidumbre. 

En 2013, la Xunta estimó que 12.500 viviendas albergadas en 800 núcleos de población podrían quedar excluidas de la servidumbre de protección a través de este procedimiento, pero sus previsiones no se han cumplido, ante la mayoritaria respuesta negativa que los ayuntamientos han encontrado en Medio Ambiente.
La Ley de Costas realizó ciertas concesiones para los núcleos costeros en 2013 cuando se tramitaba en el Senado, precisamente en rspuesta a Galicia y Canarias. Las viviendas de núcleos no calificados en 1988 como suelo urbano deberían cumplir con al menos uno de los requisitos establecidos: Tener acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales o suministro de energía eléctrica. También se exigía demostrar que estaban en áreas consolidadas por la edificación “al menos en un tercio de su superficie”. Pero ni siquiera esas generosas condiciones han facilitado la legalización de las viviendas gallegas afectadas.

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