Cambados.- Abren juicio oral contra Louzán, su mujer y Reguera por el caso de los alquileres

Finalmente, Rafael Louzán, anterior presidente de la Diputación, deberá sentarse en el banquillo de los acusados, investigado por un supuesto delito de cohecho impropio en el ya conocido como caso de los alquileres de Vigo. Lo hará en la Audiencia Provincial de Pontevedra, junto a su mujer, María Teresa C.F., acusada de cohecho impropio, y junto al exdiputado Severino Reguera, encausado por presunto cohecho pasivo.
Así lo ha decidido el Juzgado de Instrucción número 2 de Cambados, en un auto contra el que no cabe recurso, y que ha desestimado la intención de los acusados que apuntaban al archivo de la causa. Será, pues, el tribunal provincial el que deberá decidir sobre la inocencia o culpabilidad de los investigados, tras la celebración del juicio.

un 60% más caros
En su escrito de calificación, el fiscal recoge las supuestas operaciones del matrimonio ribadumiense con la adquisición de unos locales en la calle Teixugueiras de Vigo, que terminaron arrendados a una empresa del exdiputado provincial, Brunopán SL. Junto a otros dos, se creó posteriormente un único local de facto, con el derribo de tabiques y la creación de un negocio, “Boutique del Pan”, destinado a panadería-cafetería. 

"premio injustificado"
Los problemas llegaron cuando la Guardia Civil realizó una comprobación de los precios de alquiler de estos locales, detectándose que excedían la media del mercado, siendo “al menos el 60 % más caros”. De hecho, con las tasaciones que maneja, el Ministerio Público señala que “el local más parecido al suyo en metros (320) y en la misma planta (del mismo edificio) paga las siguientes cantidades por metros cuadrado: 6,4 en 2010; 6,4 en 2011; 7,2 en 2012 y 5,9 en 2013”. “No parece razonable una diferencia tan abultada, y no se explica el motivo por el que Brunopán no alquiló dicho local, o en las mismas parecidas condiciones”, ya que la empresa de Reguera optó por alquilar el del matrimonio Louzán (de 229 metros cuadrados) y pagar en esos años las cantidades siguientes: “15,7 euros en 2009; 15,7 en 2010; 15,9 en 2011 y 16,4 en 2012”. 
“En definitiva”, concluye la Fiscalía, “Brunopán SL abonó a dichos arrendadores un precio superior a la media de los alquileres de la misma zona”, y de lo expuesto estima que hasta finales de 2013, la mercantil de Reguera abonó a los de Ribadumia “un precio superior al pagado en esa zona de 89.026,74 euros, lo que supone un premio injustificado a éstos”. 

"trato de favor"
El Ministerio Público va más allá y termina: “Se trata de un trato de favor al expresidente del Organismo Provincial y esposa que, en definitiva, supone el ‘regalo’ en consideración al cargo del mismo de unas importantes cantidades de dinero”. Sostiene que Louzán y su esposa adquirieron estas propiedades sabiendo que iban a ser pagadas en última instancia “por la empresa de una persona que también ejerce cargo político en el mismo organismo y mismo partido, y cuya protección política, no es difícil adivinar, depende de aquél”.
Por todo ello, el fiscal pide un año de prisión para Reguera y otro para Louzán y nueve meses para su mujer. También solicita el pago de costas, inhabilitaciones de sufragio pasivo durante los mismos periodos y suspensión de empleo y cargo público de dos años y tres meses para Louzán y de 14 meses para su mujer.
Louzán defendió en sus reiterados llamamientos al juzgado en instrucción que los precios se mantuvieron dentro de valores de mercado y vio persecución e intención política en el caso.