CAMBADOS-Acusados de colaborar con Patoco dicen que creían que la lancha era para competir

CAMBADOS-Acusados de colaborar con Patoco dicen que creían que la lancha era para competir
GRA043 SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID), 11/11/2014.- La Audiencia Nacional juzga desde hoy a 26 integrantes de bandas de "lancheros" de la Ría de Arousa, redes que se encargan de transportar la droga desde barcos nodriza en el Atlántico has

El juicio contra los presuntos miembros de dos redes de narcotransportistas gallegos que, según la Fiscalía, eran lideradas por Manuel Abal Feijóo, Patoco, y a su muerte, por Gregorio García Tuñón, Yoyo, una, y por Juan Carlos Fernández Cores, Parido,  la otra, comenzó ayer en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid). En esta primera sesión, declararon algunos de los 26 acusados, principalmente los considerados por el Ministerio Público como “colaboradores” de la banda de Patoco. De hecho, dos de ellos declararon que creían que la embarcación en la que se instalaron siete potentes motores era para competición. Un total de 11 se negaron a declarar.
La Audiencia inició ayer la vista de los acusados como presuntos integrantes de bandas de “lancheros” de la Ría de Arousa que se encargaban supuestamente de transportar la droga desde barcos nodriza en el océano Atlántico hasta las costas gallegas, para los que el fiscal pide penas de hasta 23 años de cárcel.
Uno de los acusados, Antonio Gómez Souto, dueño de una empresa y que el Fiscal considera como colaborador de Patoco, más concretamente, como el que le suministraba los motores para las lanchas, reconoció que le vendió ocho o nueve en un año y que participó en la sincronización de siete de ellos instalados en una embarcación, siempre según fuentes de la Agencia Efe. Sin embargo, aseguró que desconocía si era para transportar droga y que podía ser para alguna competición como la que había por esas fechas entre 2008 y 2009 en Vigo (Pontevedra).
Este acusado dijo que no puede asegurar si se trata de la misma embarcación que fue encontrada varada en 2009 en una playa de Nigrán (Pontevedra) tras un intento fallido de los narcotraficantes de cargar la droga en el barco nodriza en el Atlántico. Por otra parte, recordó que Manuel Abal Feijóo le pagó 60.000 euros metidos en bolsas y que le dijo que los había sacado de varias cuentas.
Su hermano, el también acusado, Pablo Gómez Souto, comentó que era empleado de la empresa que vendió los motores y que intervino en la sincronización de los siete instalados en la embarcación, así como que nunca vio algo igual aunque aclaró que podía ser una lancha deportiva para competiciones que había en aquellas fechas y que no sospechó que fuera para el narcotráfico.

Dedicación al marisco
Otro de los acusados, el empresario náutico José Campos Rivas explicó que vendió en Palma de Mallorca a Patoco el casco de la lancha transportado desde Milán (Italia) y que éste le dijo que quería instalar siete motores, lo que no le extrañó, según recalcó, ya que está acostumbrado a otras embarcaciones similares, más potentes incluso. También dijo que fue durante 16 años entrenador de la clase Optimist de embarcaciones a vela incluso de españoles campeones del mundo, aseguró que no sospechó que Manuel Abal quería la embarcación para la droga y que él creía que se dedicaba al marisco, y recorgó que le pagó 120.000 euros en dos o tres plazos en efectivo.
El acusado José Vázquez Lago, por su parte, dijo que le encargaron que llevara a Cambados una lancha desde Portugal y que la introdujeron en una nave de su mujer ya que durante el transporte se rompió y hubo que arreglarla pero afirmó que desconocía la finalidad que tenía la lancha, al igual que ha dicho otro procesado, Castor Pérez Romero, un empresario de Vilanova, que instaló unos depósitos en una de las embarcaciones, siempre según Efe.
Un total de 11 acusados se negaron a declarar ayer. El juicio sigue hoy con el interrogatorio de más acusados de delitos de tráfico de drogas en organización criminal y que fueron detenidos en la operación policial y judicial Tabaiba.  La Fiscalía pide para los 26 penas de cárcel que suman más de 300 años y multas que superan los 4.000 millones de euros.

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