CAMBADOS-El expatrón se enfrenta a un delito de estafa o de fraude de subvenciones por el Tragove

El expatrón mayor de la Cofradía, Benito González, así como dos representantes de Astilleros Polináutica SL se enfrentan a graves acusaciones por el sobrecoste detectado en la construcción del barco auxiliar de la Cofradía, el Tragove, y probado mediante diferentes informes periciales y hasta el punto de que la propia Xunta le pidió el reintegro de parte de la subvención concedida para ello. Estos podrían ser constitutivos de un delito de fraude a los presupuestos de la Unión Europea o uno de estafa. Así lo indica el Juzgado de Instrucción número 2 de Cambados en un auto donde pide al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares –socios del pósito adscritos a la Asociación de Mariscadores Agamar– que formulen sus acusaciones para la apertura del juicio oral.

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Esta resolución judicial data del pasado miércoles y procede de las diligencias abiertas con motivo de una querella del fiscal contra González y responsables del astillero que construyó el Tragove. En ella, el titular del número 2 de Cambados indica que “existen indicios bastantes” en la instrucción del caso como “para concluir que se han obtenido fondos de la Unión Europea falseando las condiciones requeridas para su concesión, aportando una factura proforma que recoge un valor de venta de un buque –el Tragove– que no se corresponde con la realidad, mucho más elevada del verdadero valor del buque”. Para esto tuvo en cuenta la valoración del perito de la Xunta quien concedió la ayudas procedentes también del Fondo Europeo de la Pesca (FEP). De hecho, la valoración de la administración determinó que el barco no superaría los 161.170 euros, cuando la factura que se pasó era de 340.000 euros, por lo cual la Cofradía percibió una subvención de 176.104 euros, el resto, 164.364 euros se abonaron con fondos del pósito. De hecho, Manuel Maneiro, secretario general de Agamar, defensora de los socios que promovieron la denuncia ante la Fiscalía, explicó que desconocen en manos de quién ha quedado ese dinero pues tampoco se ha revertido a las arcas de la entidad de pescadores.
El juez prosigue indicando que esta conducta “se llevó a cabo conscientemente y con la intención de defraudar al presupuesto comunitario” por el expatrón mayor “en cooperación necesaria con los representantes legales del astillero Polináutica SL”, siendo conocedores de que el valor del buque  era muy inferior al facturado y que con la factura se iba a solicitar una ayuda para la construcción del barco que cubriese la practica totalidad del precio del buque quedando lo demás en “su beneficio propio”.
La Sala estima que, teniendo en cuenta la exposición de la Fiscalía, los hechos pueden ser constitutivos de un delito de fraude de subvenciones comunitarios u uno de estafa . Por este motivo, pide a las partes ahora que formulen los escritos de acusación.
Agamar por su parte pedirá que el reintegro de parte de la subvención, como le requiere la Consellería do Mar y que, entre intereses de demora, supondrá unos 100.000 euros, se solicite a González y, en todo caso a los miembros de la Junta General y el Cabildo que aprobaron el pago de la factura por el barco, para que respondan con su patrimonio personal y no con el de la Cofradía, pues el juez la considera responsable civil al igual que al astillero. Y es que, aseguran, que esto “hipotecará el futuro” del colectivo cambadés. Además, defenderá la autoría del delito de malversación de caudales públicos al haber tenido que desembolsar dinero a mayores por el sobrecoste del barco.