CAMBADOS - La justicia desestima la reclamación de 8 millones al Concello por la nave logística

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra ha desestimado el recurso de la gestora de la plataforma inversa del polígono por el que solicitaba 8,6 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial al Concello de Cambados. La empresa le consideraba responsable de un supuesto error de cálculo del volumen de residuos previsto en el pliego de condiciones pues no se alcanzó ni en el 98% y, por tanto, esto impidió la viabilidad de la actividad. 
La sentencia es recurrible ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pero el gobierno ya respira en cierto modo aliviado porque pagar ese dinero, para un ayuntamiento con un presupuesto de 9 millones, supondría “a bancarrota”, declaró el concejal de Economía, Xurxo Charlín. 
La adjudicataria del servicio, la UTE  Estévez Container Orensanos y Soil Recovery, le pidió en enero de 2015 que rescindiera el contrato y solicitó 8,6 millones en concepto de responsabilidad patrimonial. Sin embargo, la administración local lo rechazó y esta recurrió la decisión en el contencioso administrativo. 
La defensa de Cambados alegó que la firma solo realizó una inversión de 128.000 euros frente a los 810.000 euros contemplados en la oferta con la que ganó el concurso –fue la única–. Es más, en el proceso judicial indicó que eso “no aparece acreditado de forma fehaciente en el expediente, lo que supondría el incumplimiento de una obligación esencial del contrato”. 
La gestora reconoció que la cantidad fue inferior, pero lo atribuyó a que hizo la previsión en base al volumen de residuos que entrarían en la planta según el pliego de condiciones del concurso, pero finalmente la cantidad real fue de “entre un 97,8% y un 98,6% inferior”, con lo cual la actividad tampoco resultaba viable. También acusó al Concello de hacerle competencia, al mantener abierto el punto limpio en lugar de “favorecer la entrada de residuos” en su planta de separación y venta posterior a terceros. 
La justicia desestimó sus argumentos porque, si bien la previsión de toneladas era “excesivamente optimista”, no puede aplicarse la imprevisibilidad que rige en casos de contratos por servicios públicos para la petición de una reclamación patrimonial, es decir, que existiera un acontecimiento extraordinaria que motivara la caída del volumen. Y es que “no aporta acreditación alguna de la razón de esa enorme diferencia”, es decir, “no concreta cuál ha sido el hecho imprevisible o el acontecimiento extraordinario”. En cuanto al punto limpio refiere lo mismo, que tampoco lo acredita.  
Este no es el único litigio del Concello por este asunto. En mayo se celebrará un juicio porque “non pagou o canon”  en los cinco años –de 2010 a 2015– que ocupó la nave y debe 213.000 euros. 

nadie le cobró el canon
El edil explicó que la construyó y adjudicó el ya desaparecido Ipespo, en modo de encomienda de gestión, y cree que este organismo tendría que haberse encargado de cobrar los 104.000 euros anuales de canon pero “en teoría o Concello no tiña coñecemento do contrato” y nadie lo cobró. Sin embargo, en 2013 pasó a encargarse del asunto y ahí fue cuando le mandó a la empresa la “factura” con la deuda. 
De hecho, ahora mismo, la nave está en tierra de nadie, por decirlo así, porque la concesión está suspendida de manera cautelar y es municipal, pero el gobierno no puede disponer de ella hasta que se zanje el litigio. “É unha pena non ter aproveitado ese recurso, unha nave de 4 millóns, porque somos o concello que máis pagamos a Sogama –50.000 euros ao mes– e queremos dispoñer de ela para que, por exemplo, a nova adxudicataria da recollida a empregue e se reduza a factura. Ademais, interesa. Unha xestora de cunhas preguntou por ela”, añadió.