CAMBADOS - La comisión ofrece actos de conciliación para solventar el impago de uvas de 2011

La comisión de seguimiento de los contratos homologados por la compra- venta de uva en la DO Rías Baixas fijó para principios de mayo un acto de conciliación entre una bodega de Vilanova y ocho viticultores que le acusan de no pagarle la uva de 2011. Según el Sindicato Labrego Galego, las normas estipulan que es el primer paso a dar en caso de incumplimiento del contrato y si este fracasa, se puede celebrar un arbitraje de la Xunta y como último recurso, tomar la vía judicial. De hecho, según el sindicalista Salvador Fernández, un afectado interpuso una demanda ante la justicia pero no fue admitida a trámite porque primero había que agotar estas fórmulas.
Por ahora, solo se ha fijado un acto a pesar de que el SLG señala como morosas a otras tres firmas de Rías Baixas y habla de cientos de afectados, también porque los hay que no firmaron ningún contrato. Fernández cree que los viticultores temen “represalias” si denuncian su caso pero espera que el paso dado por aquellos ocho, anime al resto porque, según él, es imprescindible presentar una reclamación formal ante la comisión para entrar en el proceso de conciliación.

El primero concertado será en mayo entre ocho viticultores y una bodega vilanovesa

opción a careo
El sindicalista explicó que durante el acto, las partes tendrán tiempo para exponer sus argumentos de manera individual e incluso existe la opción de hacer un careo. Teme que la bodega vilanovesa no se presente pero, con todo, calificó de positivo que la comisión se haya reunido para abordar este problema que, según otra organización, Fruga, supone una deuda de unos 30 millones de euros.

Presentar una reclamación oficial es indispensable para acudir a este proceso

acciones del slg
Como mediadores habrá tres representantes: dos de sindicatos de agricultores y un representante del sector industrial, que intentarán conducir la situación para que las partes alcancen un acuerdo que, principalmente, pase por buscar un modo de que la empresa pague a los viticultores por el fruto. Ahora, si se agota la vía administrativa sin una solución, el SLG pondrá su servicio jurídico a disposición de los afectados por si quieren optar a a la vía judicial.