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sábado | 20 abril | 2024
La Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) ha concluido que el incendio del Boramar, que en 24 de julio de 2018 se saldó con 34 heridos y un fallecido –días después por las quemaduras–, se produjo por una deflagración compatible con una acumulación de gas procedente de la cocina. El informe técnico, sin vinculación judicial ni búsqueda de responsabilidades civiles, concluye además que “se instaló sin atender a la normativa, que exigía un espacio distinto del espacio para el pasaje, cerrado y protegido por mamparos y cubiertas de clase A-30, y dotado de medios contraincendios específicos”, pero además la reforma se realizó sin la obligada autorización y comunicación a la Capitanía Marítima de Vilagarcía.
En su informe refleja que el fuego se expandió con tanta rapidez, en cuestión de minutos, precisamente porque la cocina se hizo “sin una compartimentación completa ni un aislamiento contraincendios completo”. Según la normativa que señala la comisión del Ministerio de Transportes, en un barco así, las estancias de servicio deben tener mamparos y cubiertas de acero; ser construidas de manera que se impida el paso del humo y el fuego y aisladas con materiales incombustibles. Sin embargo, el “office” donde estaba tenía un mostrador que “impedía una separación efectiva” y no le consta que tuviera sistemas de detección y extinción propios.
Reformas sin autorización
Con todo, destaca que si el catamarán hubiera sido sometido a inspección de Capitanía Marítima “no se habría permitido instalar una cocina de gas en el interior del comedor cubierto” en base a una circular de la Marina Mercante que indica que “bajo ningún concepto” se pueden hacer tales instalaciones “dentro o bajo salones o espacios de butacas”. También añade que no lo revisó porque “nunca fue consciente” ya que el Boramar, que fue comprado poco antes en Valencia, tenía la documentación en regla y la reforma no fue informada ni por el armador ni por el astillero donde estuvo un mes para realizar una puesta a punto y habilitar el “office” para la cocina, que desconoce cuando fue instalada porque “no hay constancia” de que se hiciera durante esa varada. Solo tiene constancia de que una empresa autorizada hizo las canalizaciones del gas, pero no ha hallado certificado alguno y deduce que “no se hizo una prueba de instalación”.
Asimismo indica que, aunque la nave es de 21, 7 metros de eslora y podría realizar cambios estructurales no significativos sin seguir la tramitación compleja, sí era precisa una revisión y más tratándose de una cocina. También considera probado que se usó el día del accidente por testimonios de pasajeros, el embarque de dos bombonas de butano y el informe pericial de la Guardia Civil. Además añade que se “contradicen” las declaraciones que decían que “los mejillones se cocinaban” en otros barcos de la empresa Cruceros Rías Baixas porque “ninguna” estaba en el puerto” en el momento de la salida.
“Sin conciencia de los riesgos”
Ante todo esto, la Ciaim indica que “la única explicación razonable” que encuentra a que el armador decidiera poner una cocina en una zona interior de pasaje sin cumplir la normativa ni tener autorización es que “no existía conciencia de los riesgos en que estaba incurriendo ni de estar incumpliendo la normativa de seguridad”. De ser así, cree que debería tener un técnico encargado de esto, si no lo tiene ya.
