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miércoles | 24 abril | 2024
El enfrentamiento sigue ligado a la Residencia geriátrica Valle-Inclán de Vilanova. Tras años de conflictos laborales, mercantiles y administrativos, el anuncio de un cierre que la Xunta da por firme ha llenado de “hastío” y “rabia” a los actuales trabajadores, que ayer anunciaron, vía comunicado, nuevas acciones de presión para intentar mantener abierta la instalación.
Los empleados del centro que además son militantes del PP y algunos familiares de residentes con carnet del mismo partido han decidido acudir en masa a la tradicional cena de Navidad que la formación conservadora celebrará el 15 de diciembre en Vilanova, con la intención de devolver en persona las credenciales de militante.
Los carnés, afirman, se los darán “en mano” al delegado territorial de la Xunta, Cores Tourís, quien en los últimos días ha señalado que a la administración gallega no le queda otra que cerrar la residencia, una vez que se han agotado todos los plazos y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado todos los recursos de la empresa contra aquella decisión.
Sin embargo, el personal, crítico con esta medida, retó ayer directamente a Tourís a “que muestre la sentencia del TSXG en la que se decreta el cierre de la residencia”. “Nunca va a poder hacerlo, sencillamente, porque esa sentencia no existe”, sostienen.
Cuestión “administrativa”
Defienden los afectados que “lo que ocurre con la residencia Valle-Inclán es una cuestión de índole administrativa, como ha defendido en numerosas ocasiones la gerencia del centro. Y que por lo tanto requiere soluciones administrativas. Algo en lo que han coincidido desde el alcalde popular de Vilanova hasta En Marea”, consideran.
También afirman que no hay deficiencias en la atención a los residentes e invitan a Tourís a que lo “compruebe in situ”, señalando que, “a pesar de las amenazas que los familiares están recibiendo por parte de la Xunta, no se ha producido ninguna baja voluntaria entre los residentes”.
Vía penal
Sin embargo, la Fiscalía acaba de informar a la Xunta de la incoación de diligencias de investigación penal “en relación á clausura da residencia”. Reafirman desde la Delegación que el TSXG avala el cierre al desestimar los recursos de la empresa, con lo que la administración gallega está “obrigada a aplicar esta sentenza”.
Tras agotarse así la vía administrativa y la vía de recurso judicial, el 26 de octubre expiró el plazo para que el geriátrico cerrase, finalizando el proceso de inspecciones de la Xunta que, defienden, se hizo “coas medidas máis garantistas, tal e como certifican todos os autos xudiciais sobre o asunto”.
El 2 de noviembre se notificó al centro el cierre, por lo que en los siguientes días la administración gallega comenzó a comunicarse con las familias de usuarios para transmitirles la situación e informarles de las alternativas para esos ancianos, que, por distancia o precio, no convencieron a un buen número de familiares, según lo expresado desde el público en el Pleno de Vilanova del pasado lunes. l
