Colocan sin permiso en la calle en Dena una cámara para un estudio de mercado

Grabar o capturar imágenes de todo el que pasase por la calle, sin que la administración tuviese conocimiento y sin que nadie supiera muy bien para qué. Ese fue el curioso caso de una cámara que apareció misteriosamente colocada en la vía pública de Dena y dio qué hablar durante días a vecinos, comerciantes y en redes sociales.

Tanto fue el jaleo que se montó por ver de quién era aquella videograbadora y para qué se había instalado, que la cosa llegó al Ayuntamiento. Así lo confirmaba esta semana en Pleno el alcalde, Carlos Viéitez, a pregunta del portavoz del grupo opositor Meaño Independiente, José Aspérez, que se interesó por saber qué era exactamente lo que había detrás de aquel aparato.

Nadie sabía nada

El regidor explicó a la Corporación que en el Concello no tenían constancia alguna no solo de que alguien hubiera pedido autorización para la instalación, sino que ni siquiera se conocía quién era el responsable. “Unha cousa moi rara”, “bastante escuro e opaco”, evidenciaba el primer edil. No había, pues, permiso ninguno concedido, pero tampoco idea de a quién investigar. Así que la entidad local consultó a diversas administraciones, como la Dirección General de Tráfico, Guardia Civil y Xunta, por si se trataba de algún dispositivo de control de tráfico o de seguridad. Nada, nadie tenía constancia de aquello.

Finalmente, parece que la cosa se despejó. Según la información que maneja el gobierno local, la cámara habría sido colocada por una cadena de alimentación, en principio, para realizar un estudio de mercado. Se supone que para ver o controlar el número de viandantes y/o de vehículos en algún punto, de cara a algún negocio, pero eso ya son conjeturas. De hecho, el primer edil apuntó que esa información no era oficial, “non sei ata que punto é veraz”.

Lo cierto es que la Policía Local de Meaño sí terminó confirmando ese extremo. De hecho, informó ante el Pleno que la propia Guardia Civil había abierto un expediente sancionador por la instalación irregular de dicha filmadora y que la empresa responsable la retiró nada más tener conocimiento de la actuación policial.

Las grabaciones en lugares públicos están reguladas por ley y deben guardar un escrupuloso tratamiento del contenido, para garantizar el derecho constitucional a la intimidad y la propia imagen. De hecho, es necesario crear ficheros, cumplir diversa normativa como la de Protección de Datos y velar por que el contenido esté siempre bajo custodia y solo se use para fines autorizados, como los de seguridad o por requerimiento judicial.