11º-22º
martes | 16 abril | 2024
El juzgado de lo contencioso número 1 de Pontevedra acogió ayer una vista de la prueba sobre el conflicto entre una empresa promotora y el Concello de Cambados a respecto de la urbanización de la calle Sabugueiro. El juez tomó declaración, en calidad de testigos, al exalcalde, Luis Aragunde —regidor en el momento de la firma del convenio que ha acabado en los juzgados—, así como al arquitecto técnico municipal.
De lo declarado en el acto de este lunes, y a la vista del convenio, se desprende que el Ayuntamiento se comprometió entonces a pagar a la empresa unos 97.000 euros en caso de que unos vecinos, propietarios de terrenos en la zona, no lo hiciesen en cinco años. Eso fue lo que finalmente ocurrió: Los particulares no pagaron, de ahí que ahora, vencido el plazo, la mercantil reclame el dinero al Ayuntamiento. No obstante, los vecinos que, en principio, eran los que tenían que abonar tales cantidades, nunca firmaron el convenio que los obligaba, lo que supone que el Ayuntamiento avaló su posible impago sin que estos se hubiesen comprometido formalmente a satisfacer nada.
“Verbalmente”
“¿Por qué no firmaron?”, preguntó el abogado del Ayuntamiento al exregidor, ayer en el juzgado. Aragunde detalló entonces los pormenores de la urbanización de aquella calle, para concluir que lo que había con estos particulares era un acuerdo “verbal”. Del que él nada más supo al haber “elecciones y dejar yo de ser alcalde”.
Los pormenores del vial
La calle estaba inicialmente en tierra y el Ayuntamiento, expuso el exalcalde, consideró necesario su asfaltado para dar mejor servicio ciudadano y acondicionar un acceso al Bien de Interés Cultural (BIC) de Santa Mariña.
El Concello obtuvo un crédito Fomit, de apoyo turístico, en condiciones ventajosas. Se dispuso lo necesario para hacer la obra, en el convencimiento de que la calle “usada de siempre” por viandantes y vehículos “era pública”. La “sorpresa” del gobierno local “y de los técnicos” fue que entonces apareció la empresa Promociones Surgasa, alegando que la calle no era pública, sino que los terrenos eran suyos. “Lo justificó documentalmente, además”, declaró el exregidor.
“Pensabamos que o vial era público.A sorpresa foi cando quixemos obrar e apareceu esta empresa propietaria”
Tras esa “sorpresa” inicial, se descubrió que, en realidad, la mercantil era titular de aproximadamente “un 70 % de los terrenos” y que el “30 % restante” era propiedad de cuatro vecinos. Se ideó entonces un sistema por el que el Ayuntamiento desarrollaba la urbanización en el suelo de Surgasa, repartiendo cargas entre los propietarios, a modo de una contribución especial por la mejora del vial del que todos estos propietarios se iban a beneficiar. “Se hace la calle y que cada propietario aporte la parte proporcional”, resumía el popular. El convenio, de hecho, incluye un apartado segundo donde se detallan las “compensaciones” que cada uno de los cuatro vecinos debía abonar. Pero ahí entraban ya las preguntas de ayer en sede judicial, por qué no firmaron, puesto que el convenio lo ratificaron la empresa y el Concello, pero no esos cuatro vecinos a los que el acuerdo imponía la obligación de pago.
Aragunde afirmó que se optó por ejecutar el tramo de suelo de titularidad de la empresa, porque hasta allí alcanzaba lo presupuestado y porque con urbanizar ese trozo “al Ayuntamiento le vale”, al ser la extensión de calle de la que ya se venía disfrutando. “Ampliarla”, afirmó, se “negociaría” posteriormente con esos cuatro vecinos, más adelante. “Les pareció bien, verbalmente”, subrayó.
Solo consta el convenio
El abogado del Ayuntamiento, además, reveló durante la vista que lo único que obra en el expediente es este convenio. No están los informes obligados de Secretaría e Intervención. Aragunde respondió que lo desconocía, ya que “los expedientes no los hacía yo”, sino los técnicos. También cuestionó el letrado la falta del paso de información pública, de interés en un proceso como este, a lo que el exalcalde reiteró que la tramitación era cosa de los funcionarios. A la pregunta de si se llegó a publicar en el DOG, Aragunde contestaba que “ni idea”. Tampoco fue a Pleno, solo a comisión de gobierno.
El juez se interesó por saber, en cualquier caso, cómo se había valorado en 97.000 euros el importe a satisfacer. El regidor manifestó que aquel cálculo lo hizo el técnico. Y este, el arquitecto técnico municipal, fue preguntado a su vez por ello, reconociendo que la valoración económica era suya y que llegó a ella “por el método de comparación, por terrenos similares en Cambados”. El juez observó, en todo caso, que aquella valoración “no se motiva, se fijó como un tanto alzado” y le preguntó si se ratificaba en el cómputo: “Sí, entiendo que sí”, respondió el trabajador municipal.
Concluida la vista de prueba, la preocupación del titular del juzgado es ahora la de poder acreditar documentalmente la titularidad y cesión al Concello. Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento tiene la calle inventariada, pero, a la vez, también está embargada por una deuda de la mercantil.
