De un cruce de denuncias particulares a 16 imputados

Cuando en 2012 se conocía la presencia en el Concello de Sanxenxo de agentes judiciales que demandaban expedientes urbanísticos por orden del Juzgado de Cambados, la alcaldesa situaba por primera vez el origen del conflicto en la denuncia de una particular que no lograba legalizar una construcción. Más tarde se sabría que no fue una única persona quién puso en manos de la Fiscalía numerosos expedientes, entre ellos los que ahora se investigan, y el grupo de denunciantes —entre los que está alguna trabajadora de la extinta Xerencia de Urbanismo— se bautizó como el “Clan da Salgueira”.
Pero pudo haber ocurrido que a la propietaria del almacén agrícola en Seixal no le incomodase tanto que su construcción no pudiese ser legalizada, como que sí lo fuese la de otra vecina, en Montalvo, que logró vía libre para su bloque de apartamentos.
Y es que al parecer fue ésta, A.R.A.M., implicada en la pieza separada cinco de la investigación, quien denunció la falta de acceso a vía pública para el actual almacén. Sus propiedades en Seixal eran colindantes.
Comenzó entonces un cruce de denuncias de ambas obras, que puso difícil la labor de los técnicos para buscar solución a problemas que difícilmente la tenían, aunque los apartamentos de Montalvo hallaron cobijo al amparo del PXOM —con una legalización que ahora investiga el juez de Cambados— y la construcción de Seixal logró seguir en pie a pesar de que la APLU llegó a incoar un expediente de demolición de la estructura. En noviembre del año pasado la Xerencia otorgaba licencia para almacén agrícola y fuentes municipales reconocían en aquel momento que sus propietarios pretendían “construir una vivienda en una parcela clasificada como suelo rústico, sin acceso público, afectada por aguas y por el POL. Algo a todas luces fuera de la ley”.
Pero el tema no se quedó en denuncias entre particulares. Una de las partes se sintió discriminada, intuyó que podía haber “tráfico de influencias” en la Xerencia y puso la legalización de los apartamentos de Montalvo, entre otros muchos expedientes, en manos del juez. Y comenzaron a llegar las imputaciones. Fuentes judiciales aseguran que el número final todavía podría engordar más.
Por el momento van 16. La del actual asesor jurídico, y último gerente de Urbanismo, causó ayer mucha sorpresa en el Concello. Y es que Juan Lorenzo tiene fama de “persona muy seria y legalista” entre quienes le trataron en su etapa en la Xerencia.
Su imputación tiene que ver con el edificio Progreso promovido por la mercantil Balboa y Chan y el juez le achaca dos presuntos delitos: Prevaricación y tráfico de influencias.
Pero el edificio Progreso ya contaba con licencia de primera ocupación cuando Juan Lorenzo accedió a la Xerencia, por lo que su vinculación con este expediente se limita a la demora en el cumplimiento de la sentencia que ordena la demolición del inmueble y al proyecto de legalización del mismo remitido al Juzgado y de cuya respuesta están a la espera en el Concello.
Sin embargo, el Auto dictado por el juez de Cambados no hace referencia a ninguna de ambas cuestiones. Se basa en la declaración de una de las denunciantes —trabajadora de la Xerencia— en la que le vincula al departamento de Urbanismo en una etapa anterior al inicio de su relación laboral con el mismo.
Ángel Casal, exedil de Urbanismo, fue el primer imputado en prestar declaración. Aquel 26 de noviembre el juez le preguntó, entre otras muchas cosas, por la posible intencionalidad política que podría ocultarse tras denuncias.