La defensa jurídica del Concello y de Terra Sanxenxo costará 47.000 euros al año

El Concello de Sanxenxo ha adjudicado a la empresa Landwell Prince Water House Coopers, Tax & Legal Services SL la defensa jurídica tanto de la entidad local como del Organismo Autónomo Terra de Sanxenxo por un importe de 47.007,29 euros al año, mediante un contrato administrativo que tiene una duración de 12 meses con posibilidad de tres prórrogas de un año cada una. La adjudicación supone un baja de 19.542,71 euros con respecto al precio de licitación por el que salió a contratación este servicio, ya que estaba fijado en 66.550 euros anuales. Al proceso de licitación concurrieron 13 empresas, siendo admitidas todas ellas.
La conclusión de este procedimiento permite regularizar la prestación del servicio de asesoramiento legal al Concello, que en los últimos años se venía prestando a través de la contratación aleatoria de despachos profesionales para representar y defender los intereses legales de la administración local.
El Gobierno local decidió atender los reparos dictados por la Intervención General de Sanxenxo y normalizar la situación, sacando a concurso público la prestación de este servicio.
Cabe recordar que la Xerencia de Urbanismo mantuvo, hasta el momento de su extinción, la defensa jurídica contratada, a través de un concurso público, con un despacho profesional especializado en este tipo de cuestiones y con un coste anual de 84.600 euros más IVA. Paralelamente la administración local mantenía contratos con otros despachos para la defensa de cuestiones como la responsabilidad patrimonial o la defensa en los diversos contenciosos interpuestos contra el Concello.
La adjudicación de este servicio supone ahora la unificación de todas las causas en las que la entidad local y el organismo autónomo necesiten hacer valer sus derechos ante un tribunal de justicia a través de un único gabinete jurídico. Esto supone, por una parte, regularizar la prestación de un servicio a través de un concurso público que ha dado opción a todas las empresas del sector. Por otra parte, el proceso ha supuesto un importante ahorro para las arcas municipales, al adjudicarse finalmente por un precio sensiblemente inferior al de licitación inicial.