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sábado | 20 abril | 2024
El Defensor del Pueblo considera que debe ser la Valedora do Pobo, quién ya requirió al Concello de Sanxenxo documentación sobre la situación de A Carabuxeira, a raíz de las quejas vecinales en 2014, quien debe continuar con el seguimiento de la resolución que dirigió a la administración local. “El Valedor ya había intervenido en el asunto y había recomendado al ayuntamiento de Sanxenxo la ejecución de las obras de regeneración de la playa, pues esta obligación corresponde al ente público local Nauta, propiedad de dicho ayuntamiento y actual concesionario de la gestión y explotación del puerto”, apunta Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo, en su escrito remitido a la Valedora.
El órgano estatal también hace referencia en el documento a la devolución del aval a Costas en julio de 2012 sin que por el momento haya constancia de que se ejecutase. “La devolución del avala no procede hasta que se hayan realizado las actuaciones de regeneración de los daños causados por las obras de ampliación del puerto lo cual no se ha producido”, apunta e incide en que dicha devolución correspondería a la caja general de depósitos una vez comunicada la resolucion de cancelación dictada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costas del Mar y previo mandamiento de pago expedido por la Dirección General del Tesoro.
El Defensor del Pueblo invita a la Valedora do Pobo a que si detectara alguna actuación irregular por parte de Costas se ponga en su conocimiento con el fin de que pueda estudiarse el asunto y decidir las actuaciones que, en su caso, procedan”.
Lucha activa
Los vecinos afectados por la regeneración de A Carabuxeira han reactivado su lucha por la recuperación del arenal en las administraciones después de que el pasado verano protagonizasen diversas protestas en la playa. Lo volverán a intentar con el fiscal de Medio Ambiente que ,pese a reconocer en 2016 que la investigación revela un “serio problema de ejecución el aval y de las obras”, consideró que es un conflicto entre administraciones y que no es constitutivo de un delito penal, ni desde el punto de vista de la propiedad o patrimonio. “Es comprensible la desesperación de los denunciantes quienes tras varios años de acciones para la regeneración de la playa no ven satisfecha su pretensión pese a la existencia de un aval para ejecutarlo y de las obligaciones que incumben a las administraciones”.
