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jueves | 25 abril | 2024
Un total de seis empresas aspiran al contrato para derribar el cuartel de Cambados que fue desalojado el año pasado para evitar riesgos y daños personales después de que unas obras de reforma afectaran a la estabilidad de la estructura, según estiman los técnicos, aunque hace años que se venía denunciando el mal estado de las instalaciones. En 2021 cumplirían medio siglo y hace años que se demandan unas nuevas, que ahora que se levantarán en la misma parcela. El precio es de 251.209 euros y un plazo de ejecución de tres meses.
El procedimiento lo lleva a cabo la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) y consistirá en el derribo de los dos edificios de cuatro plantas, así como una especie de galpón utilizado como aparcamiento y una pequeña estructura dedicada a la caseta del pozo de agua. El objetivo es demoler incluso la cimentación, en la medida de lo posible, y con el máximo cuidado en cuanto a ese galpón porque “está adosado a un muro de mampostería catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) perteneciente al Pazo de Fefiñáns”, señala la memoria del proyecto.
En la misma recuerdan que el edificio fue desojado en 2019, cuando el servicio se ubicó en el centro sociocultural de A Merced. Y es que se observaron indicios de deformación estructural en el forjado piso de la planta baja “como consecuencia de las obras que se estaban ejecutando”. Se trataba de una reforma impulsada por la Diputación para mejorar las condiciones de trabajo de la plantilla pues el edificio presentaba deficiencias desde hacía años y estaba en malas condiciones, según denunciaban los propios agentes y el Concello, y las continuas promesas políticas de construir un nuevo acuartelamiento nunca llegaban a cumplirse. Según los técnicos, esos trabajos “conllevaron la apertura de huecos en el muro de carga intermedio con marcos metálicos (dinteles y soportes), que consideramos afectaron a la estabilidad del mismo y como consecuencia a los forjados que apoyan en el mismo”, siempre según la memoria del proyecto.
Sin condiciones de habitabilidad
Debido a estas deformaciones y las pruebas de carga realizadas para valorarlas, se decidió desalojar el inmueble para “evitar riesgos y daños personales”. En la propia memoria se pone de manifiesto la “carencia de condiciones mínimas de habitabilidad” del edificio, que “manifiesta una clara falta de mantenimiento y abandono latente y deterioro tanto en el interior como en el exterior”. Este ha sido en aumento desde el traslado del servicio.
En cuanto a la contratación, se presentaron 11 empresas, pero cinco quedaron excluidas por motivos como no presentar la documentación requerida y hacer la oferta económica en la fase inicial. La oferta más cara es de 190.565 euros y la más barata de 133.311. Ahora se están valorando todos los criterios evaluables para adjudicar el contrato en próximas fechas. Todavía no se ha licitado la construcción del nuevo.
