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martes | 23 abril | 2024
El juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Pontevedra ha emitido una sentencia favorable al Concello de Vilanova por la que desestima las pretensiones de la antigua empresa que llevaba la gestión catastral del municipio y que exigía el pago de supuestas facturas atrasadas.
Se trata de Soluciones de Recaudación Microibérica SLU, que hasta 2011 se encargaba de las competencias que ahora asume el organismo público del ORAL en Vilanova y que aquel año, coincidiendo con la ruptura de la relación con el Concello, sacaba a la luz pública una relación de pagos presuntamente pendientes.
Estas exigencias de cobro fueron posteriormente desestimadas por el Ayuntamiento, por lo que la empresa recurrió al recurso contencioso-administrativo para reclamar el abono del capital.
Inicialmente, tal y como recoge la sentencia, la demanda incluía una relación de pagos pendientes por valor de 12.300 euros. No obstante, quedó acreditado que varias de aquellas facturas fueron finalmente abonadas en virtud del Plan de Pago a Proveedores al que se acogió la administración vilanovesa.
Cuando se llegó a juicio, este pasado mes de febrero, la firma reclamaba ya solo un total de 5.571,46 euros en cuatro facturas y durante la vista, la empresa admitió también el pago del Concello de dos de estas últimas.
En cuanto a las otras dos restantes, una de ellas, por importe de 28,91 euros, no fue abonada, dice la sentencia, “porque no consta que haya sido presentada al cobro en su momento”. De hecho, señala el escrito judicial, “la copia que aporta el recurrente carece también de sello de entrada en el Concello”, por lo que no puede determinarse si se presentó o no al Ayuntamiento.
La última factura en litigio, por valor de 4.619,70 euros, fue finalmente rechazada por el juzgado. El Concello defendía que la empresa “no realizó la prestación por cuyo cobro reclama” y el órgano judicial le ha dado la razón.
Dice la sentencia que los trabajos realizados por la firma en el segundo trimestre de 2011, objeto de esa factura, “no fueron válidos” y que se considera “acreditado el incumplimiento” de las labores contratadas.
En síntesis, se trata de operaciones de atención al público y trabajos en la gerencia territorial que, no obstante, el propio Catastro valora como “no válidos”. Al no considerarse debidamente desarrolladas estas acciones, el juzgado entiende que no procede exigir el pago al Ayuntamiento.
Por todo ello, el fallo desestima las exigencias de cobro de la empresa, desestimando su recurso contencioso e imponiendo las costas del proceso a la demandante, sin que quepa, además, recurso.
