Fiscalía investigará si existe delito penal en la obra de instalaciones deportivas del instituto Calasancio de Dorrón

Fiscalía de Pontevedra investigará si existe delito penal en la contrucción de las instalaciones deportivas de tres plantas del instituto Calasancio Hijos de la Divina Pastora de Dorrón. 
La obra estuvo en el punto de mira de la Axencia da Protección e Legalidade desde el 2017 cuando incoó un expediente ordenando al Concello de Sanxenxo reponer la legalidad urbanística en la parcela que pasaba por el derribo total o parcial de las instalaciones. En el expediente de la APLU se advertía entonces que “no se trata de una construcción sencilla de una planta sino que tiene tres niveles. No es una ‘edificación de vestuarios’ como se desprendía del informe previo a la licencia del modificado”. En 2017, el instituto Calasancio de Dorrón presentó ante la Consellería de Medio Ambiente un plan especial para librar de la piqueta la edificación con fines deportivos de tres plantas construida en Dorrón. Un documento que logró el archivo del expediente sin ni siquiera enviarlo a Fiscalía al considerar que no existía delito urbanístico.
Ahora la obra del instituto llega a los juzgados a través de una denuncia particular en la se solicita a Fiscalía de Pontevedra que exija responsabilidad penal a las personas responsables por los “posibles hechos delictivos” en los que pudieran haber incurrido. En la denuncia, se pide responsabilidad para los funcionarios públicos responsables del Concello de Sanxenxo por conceder la licencia de obra y para  los que no repusieron la legalidad urbanística en el momento en el que la APLU de Santiago le comunicó la misma, permitiendo de esta manera la finalización de la obra y posterior aprobación de un Plan Especial para legalizar la obra.
También se pide responsabilidad penal  para los arquitectos que presentaron el proyecto que “no se ajusta a la ley y solicitan una licencia de obra al Concello de Sanxenxo”.
Cabe recordar que la licencia fue concedida en 2013 para la construcción de una instalaciones deportivas con un proyecto básico firmado por Martín Curty y Giráldez Groba, pero a finales de 2015 se aprueba el “proyecto básico y de ejecución modificado de edificio para actividades deportivas y pistas”, redactado por el arquitecto Sueiro Sueiro.
En un primer informe de inspección urbanística, en octubre del 2016, ya se revelan varias irregularidades como que la parcela catastral no se corresponde con la parcela física o que las obras fueron ejecutadas sin la previa aprobación de un plan especial de infraestructuras y dotaciones ni tampoco consta la autorización autonómica. La subinspectora urbanística concluyó en su momento que el proyecto básico y de ejecución modificado de edificio para actividades deportivas visado a finales de 2015 cambia “el proyecto que sirvió de base a la concesión de la licencia urbanística de 2013 aumentando plantas y superficies de la edificación principal”. 
Esta modificación se justifica por la necesidad de una mayor calidad espacial y una mejora de la accesibilidad dotando al edificio de ascensor, pero en realidad, según le consta a la APLU, se añade una planta sótano por lo que la superficie añadida es de 159,70 metros cuadrados, “resultando un edificio de tres plantas con una superficie total construida de 763,70 metros cuadrados”.