Lunes 17.12.2018

El geriátrico acusa a la Xunta de acoso y amenazas y carga contra la CIG

Afirman que las “irregularidades” detectadas por la administración son “burocráticas” y no afectan a la calidad

Una concentración de protesta ante la residencia de Vilanova, en imagen de archivo | d. a.
Una concentración de protesta ante la residencia de Vilanova, en imagen de archivo | d. a.

Una carta enviada ayer desde la residencia Valle-Inclán de Vilanova en representación de la plantilla de empleados cargó con dureza contra la CIG y la Xunta ante el procedimiento de cierre del geriátrico que amenaza ahora con ser definitivo, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. 

En tal comunicado, desde el centro vilanovés se consideran “acosados por el servicio de inspección de la Xunta”, afirmando que desde 2013 han recibido más de veinte inspecciones —las últimas dos en un intervalo de diez días— y dudando de que otras residencias reciban la misma vigilancia pese a que “se han detectado incluso situaciones de maltrato a los residentes” en otros geriátricos, afirman. 

Sostienen que es “mentira” lo hecho público por el gobierno gallego sobre las “numerosas irregularidades”. Y añaden desde el centro que las detectadas “han sido siempre de carácter menor”,  “relacionadas con cuestiones burocráticas y administrativas” y no con el trato a los mayores. 

Es más, aseveran que “el mantenimiento de las instalaciones es exquisito”. 

Acusan también a la Xunta del “tono amenazante e inapropiado de la carta enviada” a los familiares de usuarios, este mismo mes. En ella, lamentan, se les requiere a que envíen sus familiares a otro centro. 

“Directas amenazas”
“A pesar de las directas amenazas y de que cada vez son más presionados por la administración, ni uno solo de nuestros residentes ha solicitado el traslado”.  “Ese es el mejor y el real testimonio del servicio que se presta en la Residencia Valle-Inclán”, valoran.

En el comunicado remitido ayer se carga también contra el sindicato CIG y sus representantes comarcales, acusándolos de no ser competentes para fiscalizar las cuentas de la residencia, ni de representar a ninguno de sus trabajadores. 

También de querer cerrar el centro a toda costa, con la pérdida de sus 51 empleos actuales cuyas nóminas, afirman, están “al corriente de pago”.

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