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martes | 16 abril | 2024
La concesionaria de la Plataforma Inversa de Sete Pías ha recurrido ante la justicia la rescisión del contrato y el desalojo aprobados por el Concello. También había pedido la suspensión cautelar de la medida en tanto no se celebrara el juicio, previsto para la primavera, pero fue desestimada. El alcalde, Samuel Lago, es partidario de ocupar más pronto que tarde la nave de 3.000 metros cuadrados para centralizar los servicios de Obras y Protección Civil, pero consultará la conveniencia con los asesores jurídicos.
La nave y los terrenos son de propiedad municipal, pero el contrato no expira hasta 2025. A la vista del fracaso del proyecto de recogida de residuos no peligrosos de concellos y empresas de la provincia por el que se proyectaron las instalaciones, hace ya unos años que el Concello inició un proceso para recuperarlos.
El procedimiento administrativo para la rescisión del contrato y desalojo concluyó este año, pero la adjudicataria del servicio, la UTE Estévez Container Orensana S.L. y Soil Recovery, recurrió la decisión ante el juzgado de lo contencioso administrativo e incluso pidió como medida cautelar la suspensión del proceso, pero le fue denegado. Visto esto, el alcalde aboga por ocuparla de inmediato, pero consultará si es lo más idóneo con los asesores legales del Concello.
Solo la planta, sin contar el terreno, son 3.000 metros cuadrados y Lago la ve ideal para materiales y maquinarias de Obras e Servizos y los obradoiros de emprego, así como servicios ahora instalados en la nave logística que tendrán que desalojar en 2029, cuando expira la cesión de uso acordado por sus antecesores en el Concello; una acción también muy criticada por el actual gobierno local porque volverá a una empresa privada a pesar de haberse invertido dinero municipal. En estas instalaciones está el servicio municipal de Emerxencias, el Viveiro Industrial y almacenes que presta a asociaciones. El resto lo tienen alquilado a la Mancomunidade y a varia empresas.
Paralelamente, la concesionaria y el Concello llevan una década de litigios por el cobro del canon de uso de las instalaciones, construidas hace una década por a Diputación de Rafael Louzán con cuatro millones de euros procedentes de fondos europeos. La UTE recurrió el pago de los 104.000 euros anuales acordados en el contrato al considerarlo ilegítimo porque realmente la planta solo funcionó unos meses y no entró ni el 98 % de los residuos prometidos –contemplados en el pliego de condiciones–y por tanto, no había podido generar el previsto beneficio económico. También llegó a reclamar una indemnización de 8 millones, pero en ambos casos la justicia exoneró al Ayuntamiento. De hecho, este ha delegado en el ORAL la realización de los trámites necesarios para reclamarle la deuda, que asciende a unos 300.000 euros, a los que habría que rebajar unos 50.000 que recuperó a través del aval.
La concesionaria de la plataforma siempre estuvo de acuerdo con resolver el contrato, pero, en base a lo anteriormente dicho, consideraba que debía hacerse de mutuo acuerdo y no por incumplimiento, como hizo la administración local cambadesa. Ahora la justicia tendrá que dirimir el desacuerdo.
