11º-26º
sábado | 20 abril | 2024
132.788,35 euros. Esta es la cantidad que el Concello de Sanxenxo tendrá que abonar en concepto de costas judiciales por la interposición de un recurso de apelación contra la sentencia del SU 13 en el que finalmente los servicios jurídicos contratados por el gobierno del PP no se personaron. El gobierno local estudia con su gabinete jurídico las medidas legales que pueden adoptarse, cinco años después, contra “quien perjudicó los intereses de Sanxenxo” en el expediente del SU 13.
Desglosada, la cantidad corresponde en 123.583,89 euros a la defensa letrada de las empresas propietarias del SU 13, situado en Monte Faro, Emprosal 16 y Llave del Año SL; 5.508,54 euros obedecen a la minuta del procurador de una de estas firmas y 3.695,92 euros a de un segundo profesional en la materia. A mayores se reconocen 115,08 euros para el procurador de la firma Lanzagolf SL.
Esta es la liquidación de costas remitida por el TSXG de Galicia al Concello de Sanxenxo a través de una diligencia en la que además fija un plazo de escasos días para abonar las cuantías referidas.
Cabe recordar que el Concello de Sanxenxo anunció la presentación de un recurso de apelación del fallo que obligaba al pago de 3.830.692 euros a los promotores del SU 13, más intereses. El juzgado emplazó al Concello el 18 de julio de 2011 para que se personara, pero en el decreto emitido el 3 de noviembre de ese mismo año por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG deja claro que “hasta el día de hoy no consta que se hubiese personado”.
La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo declaró desierto el recurso de apelación contra la sentencia del 9 de mayo de 2011 con imposición de costas al apelante, es decir, al Concello de Sanxenxo, que ahora deberá abonar 132.788,35 euros por un error por el que el Gobierno del PP no exigió responsabilidad alguna.
Y es que el gobierno local ha tenido constancia de esta situación tras la diligencia trasladada por el TSXG, ya que, apuntan, “el Partido Popular se preocupó de ocultar a los vecinos durante cinco años las consecuencias económicas que tendría para los vecinos de Sanxenxo el error de un gabinete jurídico”.
Cabe recordar que el recurso contra la sentencia del SU 13 se interpuso en 2011, siendo concejala de Urbanismo María Deza y edil de Economía Marcos Guisasola. Y fue el 3 de enero de 2012 cuando la entonces alcaldesa solicita por escrito al gabinete jurídico una explicación de lo ocurrido. No consta respuesta en el expediente, apuntan desde el gobierno local, así como ninguna acción legal emprendida por dos concejales que siguen políticamente en activo y forman parte del grupo municipal del Partido Popular. “Tanto María Deza como Marcos Guisasola disfrutaban en aquel momento de plenas atribuciones delegadas para defender los intereses de los vecinos de Sanxenxo”, inciden desde el tripartito. El gobierno local se pregunta por qué no formularon reclamación alguna contra los jurídicos que no se personaron en la causa; por qué permitieron que sean todos los vecinos de Sanxenxo quienes ahora tengan que abonar 132.788 euros de costas judiciales por anunciar un recurso que luego no defendieron.
Asimismo, desde el tripartito apuntan que se entiende que al Partido Popular le resulte molesta “la labor de esclarecimiento que se está realizando en esta legislatura y que se haga público, como demuestra esta nueva orden de pago, que la política urbanística diseñada por Telmo Martín vuelve a perjudicar las arcas públicas y fue lo más nefasto que le ocurrió a Sanxenxo”. El Gobierno local recomienda al Partido Popular que de explicaciones a los vecinos sobre a quién benefició la decisión de no reclamar responsabilidades.
