11º-26º
sábado | 20 abril | 2024
El juzgado contencioso administrativo de Pontevedra ha estimado parcialmente el recurso presentado por un marinero de O Grove y obliga a Mar a devolver la embarcación que fue decomisada durante una inspección de Gardacostas en 2014. Mantiene la sanción económica de 551 euros. En el momento del control de los agentes marítimos, la embarcación no disponía de folio porque estaba en fase de regularización tampoco se disponía de permiso de explotación.
El marinero alega en su defensa la inexistencia de infracción, pues señala que no se encontraban faenando cuando fueron avistados por los agentes del Servicio de Guardacostas, sino que estaban recogiendo las nasas de otro marinero de la zona cuyo barco se había estropeado. Destaca también en su recurso la desproporción en la sanción impuesta, haciendo hincapié sobre todo en la incautación de la embarcación, su medio de vida.
Así, el juzgado fallo que respecto a la sanción accesoria de incautación o comiso de la embarcación “sí ha de valorarse la alegación efectuada por el demandante de desproporción”. “Se considera que la misma ha de ser estimada teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, al tratarse de una privación definitiva de un bien que se demuestra que sirve como medio de vida al interesado, quien aporta documentación relativa a su mejora (documental relativa a la adquisición de un motor) y a su regularización para servir a la actividad que le es propia”, apunta la sentencia.
Así se considera que no está debidamente fundada la sanción de comiso impuesta, cuando además la multa pecuniaria que se impone está en el tramo mínimo de las posibles, por lo que procede la revocación de la sanción accesoria.
El juez advierte al marinero. “Y todo ello sin perjuicio de que una vez entregada la embarcación, la utilización de la misma por el recurrente ha de venir precedida por la regularización de la misma para la actividad pretendida, arriesgándose de otro modo a incurrir en nuevas infracciones”, apunta.
Cabe destacar que contra este fallo dictado por el juzgado contencioso administrativo número 3 de Pontevedra no cabe interponer recurso. n
