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martes | 23 abril | 2024
Nueva vuelta de tuerca a la sentencia favorable al exdirector del IES de A Illa. Xabier Rodríguez y Duarte Correa, de CIG-Ensino, comparecieron ayer para valorar el fallo judicial que declaró nulo el cese de aquel director impuesto por la Jefatura Territorial de Educación en 2013.
Desde la central sindical consideran que el caso atestiguaría una supuesta utilización política de la Inspección Educativa para “reprimir” aquellos centros o docentes críticos con los “recortes de persoal e de medios” en la enseñanza. Así lo aseguran a la vista del caso isleño, en el que la propia sentencia establece que la Xunta se basó únicamente en un informe de la Inspección, una prueba “hipercalificada”, dice la magistrada en su fallo, porque se privó al exdirector isleño, Alfonso Malvido, de incorporar más pruebas al expediente de cese que pudieran servir para su defensa, como la declaración de la jefa de estudios.
Además, indicaron los sindicalistas, consideran anormalmente elevado el número de expedientes similares que la Inspección Educativa interpone contra profesores en la provincia, la que más de estos procesos tramita, afirman. Según los datos que manejan, Ourese, por ejemplo, tendría “menos da metade” que Pontevedra. Solo en la comarca saliniense habría tres expedientes en marcha. Y dudan de que los docentes de la provincia “incumplan máis que no resto de Galicia”, valoró Correa.
Reunión con César Pérez
Ayer los sindicatos mantuvieron una reunión con el jefe territorial, César Pérez. En la agenda iban otros asuntos, pero no se pudo evitar hablar del caso de Malvido. Así que el sindicato pidió “que executen a sentencia e que cambien de actitude”, si bien la Jefatura sigue en la defensa de que la sentencia no cuestiona la decisión del cese del director en sí, sino una cuestión formal de procedimiento.
Con todo la central nacionalista insiste y centra sus críticas en dos puntos: Que hubo “represión”, aseguran, “porque o IES de A Illa foi un dos cetros que máis se destacou na crítica aos recortes e á privatización da Ensinanza”, y que de fondo habría una cuestión “política”. Así lo creen al recordar “expresións empregadas polo delegado territorial da Xunta, Cores Tourís, en setembro de 2013, que se refería ás protestas do centro como ‘o típico de A Illa’ e incluso falou de ‘campaña’”.
Es más, consideran que el jefe territorial, César Pérez, habría “vulnerado o secreto do expediente” contra Malvido “ao dar declaracións aos medios” durante aquel proceso, sostienen.
Por todo ello, insisten en pedir la dimisión de Pérez, “porque a súa administración non cumple coa súa labor. Non o di a CIG, senón a Xustiza”, concluyen.
