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sábado | 20 abril | 2024
La empresa Nexia inició ayer los trabajos de demolición de los chalés de Dorrón con el derribo de la primera vivienda del grupo y la salvaguarda de las piedras de las fachadas porque el Concello quiere reutilizarlas. De este modo, el nuevo gobierno cumple con una orden judicial de hace un año y, de hecho, sus responsables indicaban ayer que esta actuación “marca el inicio de una legislatura de riguroso cumplimiento de la legalidad”.
Desde el Ayuntamiento explicaron que el personal de la empresa adjudicataria empezó la jornada de trabajo con labores de desbroce y acondicionamiento de la parcela y prosiguió con el derribo de una de las cuatro viviendas ubicadas cerca del cementerio de la parroquia, “comprobando que se trata de una tarea que no encierra especial complejidad”. De hecho, uno de los encargados del proyecto garantizó al alcalde, Gonzalo Pita, y al concejal de Urbanismo, Daniel Fernández, que estará concluido a finales de la semana próxima.
Ambos responsables políticos visitaron ayer la zona de obras, en esta primera jornada y, según el Concello, a petición del Ayuntamiento, Nexia está realizando un desmontaje selectivo de las estructuras construidas con el objetivo de aprovechar la piedra con la que estaban revestidos los chalés en construcción. De hecho, la firma se ha brindado a trasladarlas a un almacén municipal sin coste alguno, una acción que el Gobierno local le agradece pues quiere reutilizar estas planchas, aunque todavía no ha definido el destino que le darán.
El regidor municipal declaró que la celeridad con la que se adjudicaron los trabajos es una “muestra de la nueva forma de hacer política pactada por los cuatro grupos que conforman el Gobierno local y en la que el cumplimiento riguroso de la legalidad será una premisa”, siempre según fuentes municipales.
Cabe recordar que el derribo de este conjunto de viviendas fue requerido por un juzgado de lo contencioso administrativo ya en mayo de 2014; fecha en la que se resolvió el primer recurso presentado por el Ayuntamiento, gobernado por aquel entonces por el PP, para tratar de evitar esta responsabilidad. Y es que la actuación se paga con dinero de las arcas municipales, en concreto fue adjudicada por unos 41.000 euros, porque se anularon las licencias municipales para la edificación. Sin embargo, no se llegó a ejecutar la orden judicial y en agosto, la jueza advertía de que la inacción prolongada podría derivar en otro tipo de consecuencias para el Gobierno local, indicando que no admitía más demoras por lo que el cuatripartito, ya en el poder, puso en marcha “de forma inmediata” el proceso de licitación para contratar los trabajos.
