Investigan a la exalcaldesa por el borrado de discos duros del Concello

La exalcaldesa de Ribadumia y actual portavoz del PP en la localidad, Salomé Peña, figura como investigada en la causa reabierta por el borrado de discos duros y servidores del Concello pocos días antes del cambio de gobierno, en 2015. Además de la exregidora, figura también en calidad de investigado, al menos, el técnico de una empresa externa al Concello, relacionado con las operaciones de mantenimiento informático en aquellas fechas.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmaba ayer esta situación procesal del caso, meses después de que la Audiencia de Pontevedra estimase un recurso del Ayuntamiento contra la decisión inicial del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Cambados de decretar su archivo. La sala provincial ordenó reabrir la causa a mediados del año pasado y, desde entonces, esta ha regresado al juzgado cambadés, que además de mantener a estas personas en la relación de investigados, ha solicitado nuevos informes.
Por su parte, fuentes del gobierno ribadumiense indicaban estos días que, de momento y tras ganar el recurso para la reapertura del caso, no se ha citado a ningún trabajador o funcionario municipal ni ha llegado requerimiento de nueva documentación, por lo que la administración sigue “á espera” de avances.
Sin datos de antes de 2015

El Concello hizo público en 2016 que no se podía recuperar la información contenida en los discos duros y servidores con anterioridad al 12 de junio de 2015, ni siquiera echando mano de las copias de seguridad que se realizaban a diario. Afirman que algunas de las unidades físicas donde se almacenaba la información digital habían sido sustituidas, mientras que otras habían sido borradas y reescritas con caracteres aleatorios, operaciones supuestamente realizadas en los equipos “o 11 e 12 de xuño”, según el tripartito, que tomó posesión el 13 de ese mes, día del Pleno de investidura.
La teniente de alcalde, Pilar Martínez, reafirmaba preguntada sobre el particular que tomaron la decisión de denunciar en el juzgado “polo noso deber de custodiar os datos” presuntamente desaparecidos, que incluían también “dirección e contas dos bancos” de “veciños” que, tras aquella desaparición, “non sabemos quen as ten. Esa foi a razón de denunciar”, subrayó.