Investigan a O Grove por presunta corrupción en la gestión de contratos

O Grove se convirtió ayer en uno de los puntos de mira de la Operación Enredadera lanzada por la Fiscalía Anticorrupción junto con agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por los contratos de diferentes aplicaciones de gestión policial a través de Aplicaciones Gespol S.L. La investigación afecta a una cuarentena de ayuntamientos de España.
Los hechos investigados, según la Fiscalía Anticorrupción, están relacionados con los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal. Al frente de la investigación se encuentra la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, que ordenó la entrada y registros en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares del territorio nacional para desarrollar diligencias sobe la empresa Aplicaciones Gespol S.L., filial de Sacyr integrada a su vez en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales.
Esta empresa, según Anticorrupción, “habría obtenido la adjudicación de diversos contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local”.
Fuentes de la investigación informó ayer a primera hora que la investigación, en la que participan 580 agentes de la UDEF, se centra en los contratos presuntamente irregulares de aplicaciones para mejorar el tráfico con aplicaciones, por ejemplo, en semáforos y en otros elementos urbanos.
El Juzgado de Badalona ordenó prácticas de requerimientos de documentación con presencia policial en diversos ayuntamientos entre ellos O Grove. Asimismo autorizó la entrada y registros en: Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Huesca, Illescas, Lérida, Majadahonda, Mollet de Vallés, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, San Andrés del Rabanedo, Vélez Málaga, Villanueva de la Cañada, León, Palencia, Teruel, Plasencia, Torrelodones y Villaquilambre. “Se prevé asimismo la práctica de detenciones que afectarán a diversas autoridades y funcionarios de los municipios referidos, así como su puesta a disposición judicial al objeto de decidir sobre su situación personal”, señaló Anticorrupción.
Por su parte, el exedil de Seguridade, Alfredo Bea, durante la etapa del contrato con Aplicaciones Gespol aseguró ayer “ que todo los contratos se realizaron por concurso público. Estoy totalmente tranquilo porque las cosas se hicieron como se tenían que hacer”. Finalmente, señaló que “creo que se están confundiendo las cosas”. l