10º-17º
jueves | 25 abril | 2024
El juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra condena a la Diputación a revaluar la petición realizada por el Concello de Sanxenxo de una subvención de 500.000 euros para mejorar la seguridad vial en el entorno del CEIP de Portonovo. Estima así una parte del recurso municipal, que solicitaba la concesión directa de la ayuda, alegando que, en contra del criterio provincial para rechazarla, sí cumplió las bases con la presentación de la documentación dentro del plazo establecido. Asimismo, el juez señala que, al contrario de lo alegado por el ente provincial, no ve “contenido ‘político’ alguno” en el proceder local, pero tampoco en la denegación de la ayuda.
La Diputación había rechazado la solicitud alegando que el recurso “obedece a una estrategia política del PP dirigida a impugnar temerariamente y con fines espúreos toda las subvenciones” tramitadas por ella. Y es que ciertamente hubo más procedentes de concellos gobernados por los conservadores por proyectos rechazados, empezando por el de Vilanova. Sin embargo, el juez dice que “no se constata contenido ‘político’ alguno en la demanda” como tampoco ve “elemento decisorio político determinante” en la inadmisión de la ayuda.
Argumentos
Pero como motivo principal, la institución señaló que el artículo nueve de las bases señala claramente que junto a la petición inicial debía adjuntarse un acuerdo del gobierno local de Telmo Martín aprobatorio del proyecto técnico y “no lo aportó dentro del plazo límite”. Sin embargo, el magistrado señala que el Concello “sí presentó el proyecto completo y terminado” y “solo estaba pendiente de un requisito formal (autorizaciones sectoriales en trámite, necesarias para su aprobación por el Ayuntamiento), que se cumplimentó durante el plazo de subsanación de deficiencias” –habilitado en el mismo artículo de las bases– y “en fecha anterior a la de valoración de las candidaturas por la comisión técnica provincial”.
Es más, rechaza la referencia de la Diputación a que el caso es similar al resuelto con Vilanova –que perdió el recurso contra la desestimación de una ayuda para construir el talaso– porque “no presentó con su solicitud inicial el proyecto de obra subvencionable porque ni siquiera existía tal proyecto”. Así las cosas, el juez condena a la institución dirigida por la socialista Carmela Silva a retrotraer el expediente administrativo a la fase anterior a la resolución que lo excluyó, “conservando, entre otros trámites, la valoración de los proyectos realizados por la comisión de expertos y otorgándole finalmente al Concello la subvención que corresponda”. El juez no estima la petición municipal de que se le conceda directamente la ayuda, pero esta cuestión es interesante para el Ejecutivo de Martín porque habían logrado “una de las calificaciones más altas”, siendo la séptima mejor valorada de las 48 presentadas.
Dos meses para ejecutarla
Fuentes municipales valoraron positivamente la sentencia y explicaron que la institución provincial dispone de dos meses para cumplirla.
Asimismo, a la vista de haber ganado, y a pesar de lo dicho por el juez, manifestaron que “después de esta resolución judicial cabría pensar que si hubo estrategia política sería por parte del bipartito provincial”.
