10º-22º
miércoles | 24 abril | 2024
El jurado popular del desfalco de la Cofradía de O Grove emitió ayer su veredicto considerando al excontable, Fabricio Fernández, culpable de un delito de malversación de caudales públicos, pero abrazando la tesis de su defensa de que solo se habría apropiado de unos 190.000 euros. Sus miembros consideran que los testimonios prestados durante el juicio pusieron en evidencia que otras personas tenían acceso a la caja de la Pescadería y a la azul del Pósito y, por tanto, no se le puede atribuir el resto, hasta los 580.000 euros como señalaba la acusación particular y el fiscal en un primer momento. Y es que el Ministerio Público rebajó ayer aún más su petición de pena para Fernández, solicitando un año y seis meses de prisión bajo argumentos similares.
Los miembros del jurado también consideran probado que el acusado tenía las facultades gravemente afectadas por sufrir un trastorno de ludopatía y que debe aplicársele también la atenuante de dilaciones indebidas en el proceso pues, cabe recordar, que los hechos juzgados se remontan a hace 10 años. Del mismo, dictaminaron que no es culpable de la acusación de falsedad documental y, aunque aceptan que vulneró el derecho al deber de lealtad, no consideran probado que hasta el punto de que con sus actos hubiera provocado un grave prejuicio al Pósito, que durante el juicio señaló problemas para afrontar pagos importantes debido al desfalco, como la vigilancia o las tasas portuarias.
Por su parte, el abogado de la Cofradía también rebajó su petición de condena hasta los tres años de prisión y seis de inhabilitación, además de pedir la devolución del dinero. En principio había solicitado ocho por un delito de malversación de caudales públicos y otros tres por falsedad documental. Mientras que el abogado de Fernández solicitó que la pena se limite a un año y en todo caso, y al igual que las acusaciones particular y pública, demandó que la sentencia condicione la ejecución de la condena al pago de la responsabilidad civil que fije el tribunal, añadiendo la conmutación de la pena por trabajos en beneficio de la comunidad.
El jurado, formado por tres mujeres y seis hombres, consideró probados, mediante las pruebas presentadas en los seis días que duró el juicio, los argumentos del extesorero, quien reconoció haberse apropiado de cantidades de la entidad, pero siempre a través de cuentas bancarias y hasta unos 190.000 euros, entre los años 2009 y 2010. Sin embargo, siempre defendió que tenían sus capacidades mermadas por una ludopatía que le llevaba a jugar casi a diario en el Casino de La Toja y que si su intención siempre fue recuperarlo y devolverlo, pero la “bola se hizo grande” y le resultó imposible. De hecho, no le considera culpable del desfase de unos 200.000 euros registrado en la Pescadería y tampoco le atribuyen, como hizo la acusación, la desaparición de unos 6.000 euros retirados de una cuenta bancaria sin que se sepa quién fue.
