El litigio por la finca Rocafort abre un nuevo frente en el Constitucional

El Concello de Sanxenxo llevará hasta el Constitucional la sentencia del Tribunal Supremo que condena al Concello al pago de la parcela de la sentencia del Supremo que anula la dictada por el TSXG en la que se reconocía solo los 1.750 metros cuadrados de la parcela sin contar los viales que circundan la parcela destinada a zona verde y que el Jurado de Expropiación de Galicia tasó el pasado 11 de abril de 2013 en 3.010.872,32 euros. El alcalde Telmo Martín dio a conocer ayer sus intenciones en Pleno a raíz de la desestimación de una reclamación realizada por la familia Rocafort por el cambio de la partida destinada al pago de la finca. “Vamos a ir ao Constitucional porque se a parcela é un suelo urbanizable consolidado os viais teñen que ser públicos. E iso cae de caixón senon alguen lle está a roubar cartos a este Concello”, señaló.
La oposición reprochó la postura beligerante del Concello y advirtió de los efectos que puede conllevar esta postura en alguno de los procesos abiertos. La edil no adscrita, Vanessa Rodríguez Búa, dijo que “son optimistas no proceso porque non están xogando cos seus cartos” e incidió en que “as costas xudiciais dun proceso como este pode situarse en medio millón de euros”.
También alertó de los intereses que ya se sitúan en más de 400.000 euros. “Eu son partidaria de ir pagando o que xa é firme e non de endebedar máis ao Concello con novas operacións de crédito e máis gastos para os veciños de Sanxenxo”, dijo. En la misma línea, se manifestó el portavoz nacionalista, David Otero, que aseguró que “esto é unha crónica dun desastre prolongado” e ironizó: “Ao final aínda van ter que pagar os Rocafort ao Concello se facemos caso aos informes e a súa versión”.
También la edil Coral González-Haba señaló: “Me parece muy bien luchar por los vecinos, pero creo que la cantidad que ya es firme y hay que pagar se debe abonar. Los informes como se montan se desmontan y los costes pueden ser importantes”.
Finalmente, Rodríguez Búa pidió al gobierno “prudencia” y que antes de entrar en un litigio tan costoso midiesen las consecuencias. “Comproben o expediente da titularidade da finca que din que non hai, pero eu puiden ver resolucións, antes de continuar o proceso xudicial”, dijo.
No se debatió ninguna moción porque la única presentada por urgencia no fue aprobada por el gobierno para su debate. La edil nacionalista, Sandra Fernández Agraso, llevó a Pleno un texto en el que se proponía la creación de bolsas para la convocatoria de subvención por concurrencia competitiva para los colectivos sin ánimo de lucro de cara a 2019. Así planteaba que en el Presupuesto de 2.019 estableciesen tres convocatorias y tres partidas distintas para cultura, deportes y asociaciones sin ánimo de lucro. Martín señaló que no veían la urgencia de la propuesta e instó a Fernández Agraso a presentar la propuesta cuando se les presenten los presupuestos. La finalidad de esta propuesta es evitar que se repita las “subvencións nominativas outorgadas por criterio político e de maneira parcial, incluso agochando o que debería ser convenios ou patrocinio de federacións galegas como no Pleno de xullo”. l