10º-22º
jueves | 25 abril | 2024
Representantes de En Marea y de Gañemos Vilanova visitaron ayer la residencia Valle-Inclán para entrevistarse con el personal, conocer las instalaciones sobre las que la Xunta ha decretado el cierre y pedir, una vez más, que el Concello “cumpla co acordado de xeito unánime en Pleno” y se reúna con la administración gallega para buscar una salida negociada al geriátrico, garantizando su permanencia.
Así lo indicó ayer a la salida del encuentro la diputada de En Marea Paula Vázquez, quien, junto a la portavoz del citado grupo local, Elena Cores, insistieron en las dudas, cada vez mayores para sus formaciones, de que la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a la que la Xunta se refirió sobre la firmeza del cierre puede “non existir”. “Non aparece”, reafirman. Hace unos días, incluso, retaron al delegado territorial a mostrarla.
Empleo y servicios
Aunque desde la administración autonómica justificaron la medida de la clausura en irregularidades en la gestión del servicio, las fuerzas opositoras reunidas ayer en el geriátrico insisten en que su cierre supondrá el despido de medio centenar de empleados y perjuicios a unos 105 residentes.
Ayer explicaban que incluso se están habilitando plazas públicas en otras residencias para dar cabida a la reubicación de los mayores de la Valle-Inclán, pero en lugares tan lejanos como Manzaneda o Valdeorras, entre otros. “Tremendo”, valoraba la diputada ante la distancia a la que podrían enfrentarse familias y residentes si finalmente se opta por esos traslados.
No obstante, y a pesar de que los meses siguen pasando, el geriátrico sigue en marcha y las partes, incluidas las administraciones, sin reunirse. Tampoco se ha dado respuesta y traslado de la documentación exigida por la Valedora do Pobo sobre el caso, subrayan desde Gañemos y En Marea.
Investigación
La Xunta detalló en los últimos meses que el TSXG rechazó los recursos de la empresa, quedando agotadas tanto la vía administrativa como la judicial, de ahí la firmeza del cierre.
Además, ante las irregularidades detectadas, la Fiscalía informó a la Xunta de la incoación de diligencias de investigación penal. El compromiso administrativo era, en todo caso, dar opciones y garantías para reubicar a los residentes.
